La Fundación Paz y Reconciliación elaboró un informe rastreando la historia de los precandidatos al Congreso y encontró que 127 de ellos tienen cuestionamientos que van desde denuncias judiciales, periodísticas hasta vínculos con personas condenadas o investigadas por delitos. Según la Fundación, 26 de ellos buscarían el aval del Partido Conservador, 24 por La U, 24 por el Partido Liberal, 24 por Cambio Radical, 17 por el Centro Democrático y 5 por la Alianza Verde.
Entre la lista de la Fundación hay un grupo de precandidatos que provienen de clanes sobre los que pesan condenas de la justicia, precisamente por delitos que sus familiares cometieron durante su ejercicio político y que los inhabilitaron para seguir aspirando a cargos públicos.
Esteban Salazar, jefe de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que “en los informes que hemos hecho históricamente hemos planteado una figura que es el gobierno en cuerpo ajeno. Son personajes que llegan a la vida pública a cargos de elección popular heredando los votos de esos clanes que han tenido investigaciones en sus personajes, que han tenido condenas y que han resultado generando ese riesgo para la democracia”.
Un caso que ha generado mucho revuelo en la costa es la precandidatura de Ana Ucrós Rosales, esposa del exsenador Eduardo Pulgar,
quien fue condenado en junio a cuatro años y 10 meses de cárcel. Según la Corte Suprema, el excongresista le ofreció un soborno de 200 millones de pesos a un juez para que favoreciera a su amigo Luis Fernando Acosta en un millonario proceso que involucraba a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Pulgar aceptó sus culpas ante la justicia, pero a lo que se niega es a perder su peso político. Por eso aspira a que su esposa lo reemplace en el Congreso, avalada también por el partido de La U. Dilian Francisca Toro, directora de esa colectividad, le dijo por chat a Noticias Caracol que Ana Ucrós les solicitó el aval y que la U está estudiando si se lo da.
Otro precandidato que aspirará por La U es Julio Alberto Elías, hermano del exsenador Bernardo "Ñoño" Elías, condenado por concierto para delinquir y lavado de activos en el marco del escándalo de sobornos de Odebrecht
. El Ñoño llegó a ser uno de los congresistas más poderosos del Caribe por su capacidad para mover votos y gestionar recursos y cuotas burocráticas.
Su hermano Julio ya aspiró a la Cámara en las elecciones pasadas, pero se quemó. El partido de La U, por intermedio de su directora, le confirmó a este noticiero que ahora aspirará al senado y que, como es miembro de la colectividad, recibirá el aval.
El actual senador José Alfredo Gnecco también volverá a aspirar al senado por La U. Se trata del hijo de Lucas Gnecco, exgobernador del Cesar, quien tiene tres condenas distintas por irregularidades en contratación y constreñimiento al sufragante. Además, el hermano de Lucas y patriarca del clan Gnecco, Jorge Gnecco Cerchar, fue reconocido por los comandantes de las AUC como miembro activo del paramilitarismo. Los mismos Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que fueron sus aliados, ordenaron su asesinato en 2001.
Dilian Francisca Toro le dijo a Noticias Caracol que él, como actual senador, tendrá el aval de La U para volver a aspirar. Lo mismo aseguró de Sara Piedrahita Lyons, actual representante a la Cámara que tendría el respaldo de su partido, aunque todavía no ha terminado de definir si volverá a aspirar. Ella es la prima del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons
, condenado por participar en un multimillonario desfalco a su departamento durante su gestión.
Lyons, además, es investigado por el cartel de la hemofilia y es uno de los testigos clave del cartel de la toga, un bochornoso episodio en el que magistrados de la Corte Suprema habrían recibido sobornos de políticos para manipular sus procesos judiciales.
Esteban Salazar, de Paz y Reconciliación, explica que “particularmente siempre se ha señalado que los delitos de sangre no existen y que por esa razón uno no puede hacer ese tipo de cuestionamientos. La realidad hoy es que muchos de esos personajes que llegan al congreso a cargos de elección popular tienen cero experiencia en la función pública y que llegan más bien por la herencia de otro tipo de personajes”.
Otro clan que se acomoda para recuperar su poder en el Congreso es el de la familia Aguilar, en Santander. Su patriarca, el exgobernador Hugo Aguilar, afronta una condena por parapolítica, y está preso en un batallón de Bogotá. A esa misma guarnición militar llegó en julio pasado su hijo, Richard Aguilar, exgobernador y exsenador, quien renunció a su curul
luego de ser capturado por presunta corrupción en contratos.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, el clan Aguilar buscaría recuperar su lugar en el Senado a través de Genny Sarmiento, esposa del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y nuera del condenado Hugo Aguilar. El informe señala que buscaría el aval del Centro Democrático. Noticias Caracol se comunicó reiterativamente con Nubia Stella Martínez, directora de ese partido, pero no obtuvo respuesta.
La otra apuesta de los Aguilar, dice Paz y Reconciliación, podría ser Hugo Abel Aguilar, hijo de Hugo Aguilar. Se trata de un cirujano sin experiencia política.
Por el Centro Democrático repetiría curul el senador Ciro Ramírez Cortés, hijo del exsenador conservador Ciro Ramírez Pinzón, quien fue condenado por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.
“Hoy en Colombia se ha desdibujado la figura del partido político como un espacio ideológico. Los partidos se terminan convirtiendo en vitrinas electorales que resultan dando avales para que estos personajes permitan incluir votos, apoyar estos proyectos de ley cuando están en el congreso e incluso cuestión presupuestal”, explica Salazar, de Paz y Reconciliación.
Otra heredera que busca su espacio en el Congreso es Lina Martínez, hija de Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos del Valle del Cauca.
El exsenador por el extinto partido Convergencia Ciudadana fue condenado por parapolítica, al determinarse sus vínculos con el bloque Calima de las AUC. Según el informe de Paz y Reconciliación, su hija, sin ninguna experiencia política, tendría el aval de un consejo comunitario para aspirar a una curul afro.
En la lista de la fundación también figura Sandra Liliana Salazar, excandidata al concejo de Bogotá quien aspiraría a la Cámara por Tolima. Se trata de la sobrina de Emilio Martínez, excongresista condenado por malos manejos de dineros públicos y que ha sido señalado de presuntos nexos con paramilitares. Salazar buscaría el aval del Pacto Histórico, el movimiento de Gustavo Petro.
Gabriel Becerra, secretario de la Unión Patriótica y miembro del comité de ética del Pacto Histórico, le dijo a Noticias Caracol que aún están perfeccionando las listas de aspirantes, que estudiarán caso a caso, y que, aunque no existen los delitos de sangre, sí hay cargas políticas en los vínculos con personas condenadas que el pacto histórico tendrá que estudiar. Dilian Francisca Toro, directora de La U, dijo algo similar: “Las responsabilidades son individuales”.
Según las cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, buena parte del Congreso termina integrado por candidatos con algún tipo de cuestionamiento por sus conductas o las de sus clanes. En 2014 resultaron electos 70, mientras que en 2018 fueron 68.
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