La comisión primera del Senado ya tiene en su agenda la discusión de la ley de sometimiento
con la que se pretende que organizaciones criminales de gran impacto se sometan a la justicia y de esta manera avanzar en el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro.
Desde que se dio a conocer este proyecto de 54 artículos han surgido múltiples interrogantes. Uno de ellos son los beneficios que se darían a los narcotraficantes.
Francisco José Sintura, ex vicefiscal general de la Nación y experto en temas jurídicos, cuestiona que la ley de sometimiento introduzca “una buena cantidad de beneficios judiciales y se obliga al juez a otorgarlos, que son absolutamente desproporcionados y que riñen con la gravedad de los delitos que cometen esas estructuras criminales de alto impacto”.
“Incluso, permite la renuncia del Estado a la persecución penal como el beneficio mayor e introduce unas penas sustitutivas que pueden ir en un mínimo de 6 años y un máximo de 8 años para delitos graves como los homicidios cometidos fuera del combate, o el lavado de activos, o actividades terroristas”, recalca.
¿Qué dice el gobierno al respecto? Que no se ofrece inmunidad, que habría un enjuiciamiento con penas de 6 a 8 años de cárcel, que efectivamente habría un sometimiento colectivo para garantizar la no repetición o el no rearme y que no se trata de una justicia transicional para los narcotraficantes.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, afirmó el pasado 12 de abril en un foro sobre la ley de sometimiento -adelantado por el periódico El Tiempo- que “si esa ley, y creo que va en ese camino, nos conduce a esos beneficios, el gran beneficiado es la sociedad. Les estamos ofreciendo a estos criminales una última oportunidad. Yo realmente he recibido con sorpresa esa noticia de prensa, no tengo contacto directo con ellos, de que les parezca poco. ¿Les parece poco? A mí me parece demasiado. Yo creo que hace un gran esfuerzo el Estado, el Congreso, la sociedad colombiana para dar esos beneficios”.
Y sobre esas penas, Angélica Martínez Cujar, abogada de privados de la libertad, manifestó que “si bien el quantum punitivo habla que las condenas pueden partir de seis a ocho años, con cuatro años de vigilancia, la realidad es que existe una pena principal teniendo en cuenta el delito que cometa el que se someta o se acoja. Aquí hago un llamado al Senado para que se estudie minuciosamente esta parte y se pueda realizar una ley con punto final”.
No obstante, críticos a la ley de sometimiento como la Fiscalía, la Procuraduría y algunos sectores políticos sostienen que este proyecto se trata de una excarcelación masiva de narcotraficantes y delincuentes, que no hay sanciones severas en casos de incumplimientos, que tampoco hay garantías de no repetición y que al parecer se trataría de términos improvisados.
Fortuna de los narcotraficantes
El artículo 42 de este proyecto señala que habrá un beneficio por la entrega anticipada de bienes que estén relacionados con actividades ilícitas; es decir, que el procesado se puede hacer acreedor de hasta el 6% de estos bienes entregados.
Para Sintura, esto “permite la legitimación de la propiedad ilícitamente adquirida por esas estructuras criminales de alto impacto, por lo menos en un 6% del producido; es decir, que todos los bienes que son producto de actividades delictiva de esa ganancia ilícita el 6% se puede legitimar, y nuestra Constitución no permite, nuestra Constitución no promueve la propiedad que ha sido adquirida de manera deshonesta”.
El gobierno dice que aun así queda un 94% restante que iría a parar a las arcas del Estado y serviría para la reparación directa de las víctimas; sin embargo, los opositores aseguran que nuevamente se garantizan los derechos de los delincuentes y no habría una reparación efectiva de las víctimas.
Sobre este aspecto, la abogada Martínez señala que, “si bien la ley de acogimiento habla que se respetará el 6% para el victimario, el 94 es para las víctimas, hago un llamado al Senado que se estudie también esta parte, porque, por ejemplo, en la ley 975/2005 las autodefensas repararon simbólicamente, materialmente, ¿y qué pasó con esa reparación material? En ese entonces iba a un fondo de acción social de la Presidencia, era un fondo común. El llamado que hago a esta ley de acogimiento es que la reparación que haga el que se acoge sea directamente para su víctima”.
Lo que propone el proyecto de la ley de sometimiento es que habrá una participación efectiva de las mismas y habla de una reparación colectiva en donde las víctimas estén representadas por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, los opositores consideran que este capítulo debería ser el más importante y que aún no está muy claro, dejando una puerta abierta para la impunidad.
Los alcances de este proyecto de ley serán analizados el martes en la primera emisión de Noticias Caracol con el senador Iván Cepeda,
ponente de la iniciativa, y el miércoles con la procuradora general de la nación, Margarita Cabello.
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