Ley de sometimiento empieza su trámite: ¿cuántos años pagarán quienes cometieron delitos graves?

Otro proyecto de ley del Gobierno se encamina a su discusión en el Congreso. Se trata de la ley de sometimiento, cuya ponencia se espera sea radicada entre el martes y miércoles de esta semana, con algunas modificaciones que van en sintonía a peticiones del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

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Tal vez el punto más crítico tenía que ver con la excarcelación, es decir, cuál va a ser la pena para aquellas personas que están privadas de la libertad, pertenecen a una estructura y quieren someterse a la justicia.

En ese caso se estableció que para aquellos que cometan delitos graves va a existir una pena de 10 años, mientras que para quienes cometieron delitos menores la pena va a oscilar entre 12 meses y 18 meses.

En cuanto a cómo será la etapa de sometimiento con las estructuras criminales, el acercamiento y conversaciones estarán a cargo del comisionado de paz, el proceso lo llevará la Fiscalía y las penas se van a determinar entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

“Para los que ya están en cárcel se mantienen los cuatro años de pena supervisada, pero ya no ocho, sino tendrán que haber pasado 10 años en cárcel y su excarcelación, si contribuyen en todo, en el mejor de los casos será en dos años, un año o año y medio a que se firme el acta de sujeción colectiva y un año más donde la Fiscalía va a supervisar que cumple y ahí se dará la excarcelación”, dijo el senador Ariel Ávila, coordinador ponente de la ley de sometimiento.

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El texto también señala que no se van a crear nuevos jueces, no se van a establecer nuevos tribunales ni tampoco otro mecanismo de justicia. Los procesos van a ser a través del Código Penal.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, “este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto. Si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en una paz completa; esta iniciativa está pensada para estructuras criminales que no tiene vocación política”.