Aunque ya se aprobó la ley de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, aún queda pendiente la ley de sometimiento a la justicia y acogimiento, que posibilitará que grupos armados ilegales puedan acogerse, entre otras cosas, a penas especiales. Hay extrema urgencia en la aprobación de esta ley.
“Estamos esperando que se radique con un afán de calendario. Si esa ley que estamos esperando hace un par de meses se radica este martes, alcanza a aprobarse este año; si dejan pasar esta semana, va a quedar para el año entrante, esperaría yo en febrero”, explicó Roy Barreras, presidente del Senado de la República.
La premura de la radicación, la discusión y aprobación de la ley de sometimiento es mucha, pues al ser aprobada se conocerá qué tipo de organizaciones, criminales o de carácter político, harán parte del proyecto de la paz total y bajo qué condiciones.
“Salga bien o salga mal, la paz total va a implicar procesos de fragmentación criminal. Estos grupos van a ser la gasolina de los nuevos conflictos y es urgente que el Gobierno nacional defina y trace claramente cuáles van a ser los beneficios, las sanciones y las líneas rojas con las que se va a negociar con estas estructuras”, señala Alberto Sánchez, investigador en seguridad y defensa nacional.
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Uno de los puntos clave de la ley de sometimiento a la justicia serán las penas especiales que reciban quienes se acojan a la paz total. “La nueva ley de sometimiento es la que tiene que adecuar el sistema penal, garantizar las penas especiales para ese sometimiento y las garantías para que la sociedad colombiana sepa que desarticulan de verdad esas organizaciones criminales”, agregó Barreras.
La nueva ley de sometimiento se construirá con base a las recomendaciones hechas por la academia, la comisión de paz, la Presidencia del Senado y el alto comisionado para la Paz.