¿Ley de seguridad ciudadana criminaliza la protesta? Expertos opinan

El último debate del proyecto de ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, pretende acabar con las excarcelaciones permanentes de ladrones reincidentes volvió a encender el debate en la plenaria del Senado.

• ¿Puede un ciudadano atacar mortalmente a un delincuente que se le meta a la casa o al carro?

“Ustedes quieren fusilar a los ladrones, encerrándolos en la cárcel. Denles comida, miren denle comida al pueblo de Colombia y verán como disminuye la inseguridad”, indicó Gustavo Petro, senador de la república.

El pronunciamiento del senador y precandidato Gustavo Petro hace referencia al aumento de las penas que estarán directamente relacionadas con el monto del hurto.

Si la cuantía del hurto es inferior a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes la condena sería de dos a cuatro años. Y si el robo supera los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena quedaría entre cuatro y nueve años.

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“Aquí 500.000 pesos valen, aquí 300.000 pesos valen, aquí el celular flecha también vale para los colombianos y por eso esta ley va a llevar tranquilidad a los ciudadanos de a pie”, indicó el ministro de Defensa, Diego Molano.

El otro frente que pretende poner en cintura el proyecto es el vandalismo. Se contempla cárcel de 4 a 6 años para quienes destruyan bienes públicos, privados o los que interrumpan las acciones legítimas de la fuerza pública.

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Para la oposición y algunos partidos independientes este tipo de penas estigmatiza la protesta social y pone en riesgo a los manifestantes. Es por esa razón que decidieron salirse de la votación.

“Entonces todos los que están ahí por usar un tapabocas, sus ojos, su cara, serán judicializados porque estuvieron inmersos en un momento en el que estaban destruyendo un bien público y tenía la cara tapada”, dice el senador Rodrigo Lara.

El gobierno defiende su iniciativa y asegura que era lo que estaban pidiendo los ciudadanos.

También habrá un aumento de penas para asesinos de integrantes de la fuerza pública, que serían condenados hasta por 60 años de cárcel.

Y para quien intimide o amenace con arma de fuego o arma blanca a alguien, y dependiendo del agravante, la penas estarían entre 4 a 6 años de prisión.

“A partir de hoy queda prohibido que se porten armas blancas, cuchillos, elementos cortopunzantes, navajas en parques, espacios públicos y eventos masivos”, indicó Juan Manuel Daza, ponente del proyecto.

El proyecto también genera controversia por las facultades a los entes territoriales para, lo que a juicio de algunos congresistas es la privatización de las cárceles.