En último debatefue aprobada la ley de orden público , que establece el marco jurídico para la política de paz del presidente Gustavo Petro. El punto de mayor controversia fue la posibilidad de que alias Iván Márquez y la Segunda Marquetalia puedan entablar conversaciones con el gobierno.
“Disfruten su monólogo de paz total, disfruten este diciembre que seguramente nos darán un respiro porque sus amigotes en los grupos criminales harán algún gesto para decir que este país está cambiando”, exclamó el representante por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui.
El punto de la discordia en el ya caldeado debate fue Iván Márquez. Juan Carlos Lozada, congresista del Partido Liberal, recalcó que se había pactado que “quienes no cumplieran con el acuerdo se tendrían que someter a las reglas de la ley colombiana, y nosotros no podemos traicionar ese juramento”.
“Los acuerdos de paz no se hacen con los amigos, los acuerdos de paz se hacen con el contradictor, se hacen con los enemigos”, respondió Julián Peinado, también del Liberal.
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Tal y como quedó en el proyecto, habrá negociación con grupos armados ilegales de carácter político como el ELN, y con las disidencias que no se acogieron al acuerdo de La Habana. Y la figura acogimiento judicial para bandas criminales y desertores del acuerdo de 2016.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó que “las normas no se hacen para una persona, aquí hay estructuras de tipo político y de tipo criminal que quedan definidas claramente en la ley, que tienen un camino y una posibilidad de que nos lleve a cesar el conflicto en Colombia, que se desmovilicen completamente, que se desarmen completamente y que dejen de asesinar y matar a los colombianos”.
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Esta ley le abre la puerta a la creación de regiones de paz, es decir, espacios en los que se adelantarían diálogos con grupos armados, al igual que comisionados de paz para entablar diálogos con la comunidad.
Aunque el servicio social para la paz estuvo a punto de caerse, se dejó en firme que este “queda con 12 modalidades de poder hacerlo. Obviamente se autoriza al gobierno a que lo reglamente y que dentro del reglamento fije la remuneración que puedan tener aquellos jóvenes que opten por el servicio social para la paz”, expuso Alirio Uribe, del Pacto Histórico.
El texto del proyecto ahora pasará a conciliación de Cámara y Senado para posteriormente ser sancionado por el presidente Gustavo Petro y de esta manera se convierta en ley de la República.
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