Las tres claves de la cadena perpetua en Colombia, prioridad en la agenda legislativa del gobierno

Empieza el pulso político por la aprobación de lo que será la reglamentación de la cadena perpetua en Colombia. Los puntos claves de la iniciativa que será radicada este martes son las siguientes:No se podrá imponer cadena perpetua a los menores de 18 años.Las personas implicadas no podrán acceder a la libertad condicional.Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o el homicidio agravado cometidos contra niños, niñas y adolescentes, la acción penal será imprescriptible.“Logramos sacar el acto legislativo con el acompañamiento de la gran mayoría de bancadas. Este ha sido un proyecto que partidos como la U, Centro Democrático, como el Partido Conservador y Cambio Radical, todos han estado apoyándolo”, manifestó Daniel Palacio, ministro del Interior.Uno de los artículos que más ha generado polémica es el que busca que, a los 25 años de prisión efectiva, el condenado pueda solicitar ante una juez la revisión de la pena e incluso quedar en libertad.“En ningún caso podrá ser inferior la pena de quien sea sancionado a lo que hoy establece la ley, lo que puede haber es una revisión para que pueda quedar de pronto en unos 60, 50 años, pero nunca inferior a lo que establece la revisión. No quiere decir que tendrá una pena 25 años, sino que a los 25 años se podrá revisar la pena para establecerla, pero como claridad no podrá ser inferior a lo que hoy ya establece la ley”, anotó Palacio.La Corporación Excelencia a la Justicia señala que la reglamentación propuesta cumple con las expectativas y recoge las observaciones de la Rama Judicial.“Cumple con las expectativas que se tenía. Primero, el proyecto sigue partiendo de la base que el derecho a los niños es prevalente sobre cualquierotro, y lo segundo: después de los 25 años podrá revisarse la condena, pero siempre y cuando medie también la convocatoria de la víctima”, indicó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia a la Justicia.El proyecto señala que los condenados deberán tener un plan de resocialización que permita evaluar su capacidad de reintegro social.