El senador Iván Cepeda,
ponente del proyecto de la ley de sometimiento, habló en Noticias Caracol sobre los beneficios que se darían a los narcotraficantes que se acojan a esta norma si llega a ser aprobada en el Congreso de la República. Para él, estos no son sinónimo de impunidad y, en cambio, resultan necesarios.
Este proyecto habla de someter a estructuras criminales de alto impacto, ¿cuáles son esos grupos?
Tenemos un ejército prácticamente que hace presencia en 14 departamentos y que cuenta con miles de personas armadas, se trata del llamado Clan del Golfo,
pero hay muchas otras. Durante el gobierno anterior lastimosamente proliferaron esa clase de estructuras y a ellas es que está dirigida precisamente esta ley que vamos a tramitar en el Congreso. Se trata de buscar su sometimiento por la vía colectiva ofreciendo un tratamiento penal que efectivamente tiene unos beneficios, pero también unas exigencias. Es un equilibrio entre no impunidad y también buscar la posibilidad de sometimiento a la justicia.
Los críticos aseguran que este proyecto introduce una buena cantidad de beneficios para narcotraficantes, entre ellos penas de 6 a 8 años. ¿Por qué tantos beneficios? ¿No es esto parecido al proceso de justicia y paz?
Casi todos los gobiernos han tenido esta clase de ofrecimientos, creo que es necesario hacerlos; ahora, no son suficientes. Si no hay un enfoque distinto del tema del narcotráfico no vamos a poder terminar con este problema, y eso pasa -como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro- por un enfoque radicalmente distinto, que precisamente en estos días se está tratando en Washington, entre otras cosas, con el presiente Joe Biden.
Esta ley tiene efectivamente unos ofrecimientos, pero no es de impunidad, tiene claramente estipulado que habrá cárcel, privación de la libertad para los responsables de conductas graves y en ese sentido hay penas que van de 6 a 8 años de privación de la libertad y un componente restaurativo que implica cuatro años de supervisión que tendrá que cumplir adicionalmente la persona que pertenezca a estas estructuras, reparando y diciendo la verdad a las víctimas y sus derechos.
En este proyecto de ley, al parecer, si estos narcotraficantes hacen una entrega anticipada de estos bienes se les va a hacer acreedores del 6% de sus bienes. ¿Por qué se hace esta proyección? ¿No sería premiarlos?
Eso existe ya en la ley penal en Colombia, esto es simplemente una adición a esta ley que ya está incorporada en nuestra legislación; ahora bien, si se obtiene el 94% de los bienes de estas personas y se destina como dice el proyecto de ley a un fondo para las víctimas, el país estará ganando sin lugar a dudas valiosos recursos para hacer algo que es fundamental, y eso está muy claramente dicho en este proyecto de ley, que es reparar a las víctimas. Ese es uno de los objetivos centrales de esta norma.
El senador Iván Cepeda también habló de otros temas coyunturales en la política nacional.
El exfiscal Néstor Humberto Martínez publicó una columna en El Tiempo, donde reveló la existencia de una carta de Manuel Marulanda, jefe de las extintas FARC, donde designa como vocero al hoy canciller Álvaro Leyva. ¿Cree que esta supuesta cercanía podría influir de algún modo en la labor del hoy canciller?
Para nada. No es un secreto que el canciller Álvaro Leyva ha estado involucrado en facilitación y mediación de casi todos los procesos de paz que se han dado en Colombia, así que sorprende que el exfiscal Martínez intente hacer de esto un hecho novedoso o revelador de un comportamiento irregular. Más bien, lo que muestra, me parece, es la intención del exfiscal por desviar la atención con relación al hecho de que en los entrampamientos que se cometieron en su época como fiscal comienzan a tener repercusiones en el plano judicial.
¿Usted está inconforme con la labor del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, o por qué lo citó a un debate de control político?
No, lo que pasa es que yo soy parte de la coalición de gobierno en el Congreso, pero también soy congresista y tengo un deber que es el del control político, y ese control lo ejerzo independientemente de que el gobierno que esté hoy en turno sea un gobierno afín. Es nuestro deber hacer balances críticos de la gestión del gobierno y precisamente por eso he citado al alto comisionado
, a quien respeto, admiro, pero independientemente de eso haremos un debate imparcial.
También se dijo que se deberían dividir las funciones del alto comisionado, ¿estaría de acuerdo con que hubiese dos comisionados de Paz?
No, creo que de lo que se trata, como lo ha dicho el señor presidente de la República, es de distribuir un poco las funciones, que son ya muy complejas dentro de la política de paz total. Quien dirige esta política después del presidente es el alto comisionado, eso esté claro, pero tendrá a su lado una persona que va a ocupar una alta consejería que había sido eliminada y creo que es afortunada la decisión de restablecerla, y se trata de la consejería que estará exclusivamente encargada de la implementación del acuerdo de paz de 2016.
La aparición de alias ‘Iván Mordisco’ caminando fuertemente armado y en medio de camionetas lujosas y un fuerte dispositivo de seguridad, para algunos, recuerda las épocas del Caguán, el mismo show mediático. ¿Se necesitan estas concesiones para llegar a la paz total?
No creo que haya lugar a esa comparación. Un profesor mío decía que se compara lo que es comparable y en este caso no procede. En el año 98 hubo una zona de despeje que abarcó 42.000 kilómetros, que duró más de tres años. Aquí lo que ha habido es puntualmente un acto en el cual han participado campesinos, un acto público que tiene como duración unas horas. Las Fuerzas Militares no han dejado en ningún momento sus obligaciones de presencia territorial, así que no hay punto de comparación, hay un proceso de diálogos que se inicia en el cual hay este tipo de actos. Yo creo, es mi opinión, hay que ser en esto muy rigurosos, hay que tener discreción, la opinión pública ha visto con mucha tristeza las acciones de este grupo y han causado mucho dolor, así que me parece correcto el llamado a que no haya ninguna clase de espectáculos, si no que nos apliquemos rápidamente a los diálogos para resolver por la vía precisamente de la conversación el conflicto armado.
El fiscal Francisco Barbosa asegura que hay más de 400 órdenes de captura que no se han podido ejecutar porque la fuerza pública no ha podido operar en estos territorios, ¿qué piensa al respecto?
No estoy de acuerdo con eso. Primero, es un deber del fiscal. Si él dice que hay órdenes de captura represadas, hay que preguntarse por qué no las está ejecutando la propia Fiscalía. Pero, en segundo lugar, yo recibo información periódica de las Fuerzas Militares y en estos ocho meses se han producido más de 1.200 capturas por parte de la fuerza pública, así que no entiendo qué estadísticas está recibiendo el fiscal. Creo que debería informarse bien antes de emitir esta clase de apreciaciones que no contribuyen a que la opinión se informe adecuadamente.
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