El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al expresidente Iván Duque por la presunta “compra ilegal del software espía Pegasus y transferencias irregulares de fondos”.
Según el congresista, el antecesor de Gustavo Petro “habría incurrido en lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones, ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas, peculado por aplicación oficial diferente, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, concierto para delinquir, entre otros”.
“Es hora de que el expresidente Duque dé la cara y asuma la presunta responsabilidad que tiene en estos hechos”, manifestó Iván Cepeda.
Mi denuncia penal contra el expresidente Iván Duque: pic.twitter.com/K2FnQqkX23
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 25, 2024
¿Pegasus se usó para interceptar comunicaciones durante el estallido social?
Iván Cepeda manifestó que basa su denuncia “en el informe de la Revista Raya, publicado el 28 de julio de 2024, que revela que el gobierno de Duque habría adquirido el software con fondos presuntamente provenientes del narcotráfico, tras reuniones secretas en Israel en 2021. Esta grave acusación fue respaldada por el presidente Gustavo Petro en su alocución del 4 de septiembre de 2024, quien destacó reportes financieros israelíes que señalan actividades inusuales en instituciones financieras de ese país entre julio y agosto de 2021”.
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El senador destacó que la supuesta adquisición de Pegasus se llevó a cabo cuando “el país atravesó un estallido social sin precedentes, con movilizaciones masivas entre el 28 de abril y el 20 de octubre de 2021, que resultaron en más de 100 personas con traumas oculares, 1.970 detenciones y 744 casos con imputaciones criminales, incluidos delitos de terrorismo. Además, antes de las campañas electorales de octubre de 2021, se consolidó una alianza entre Colombia e Israel, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, tan solo quince días después del paro nacional”.
Así mismo, recordó que “Amnistía Internacional denunció en 2021 que Pegasus fue utilizado para espiar a activistas, periodistas y figuras políticas a nivel mundial. Según una investigación basada en la filtración de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos de vigilancia, este software facilitó violaciones masivas de derechos humanos en todo el mundo, afectando a jefes de Estado, activistas y periodistas. La investigación reveló que ‘este software es el arma preferida de gobiernos represivos para silenciar a la prensa, perseguir a activistas y reprimir la disidencia, poniendo en riesgo la vida de numerosas personas’”.
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Según Iván Cepeda, durante el gobierno de Iván Duque “denunció públicamente varios episodios de espionaje que evidenciaban la grave situación de abuso de poder y vulneración de derechos en el ámbito político, relacionados con operaciones de inteligencia ilegal por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que habrían declarado a él y a otros congresistas como ‘objetivos políticos’ de acciones encubiertas”.
El senador indicó que también “reveló cómo se estaba gestando una operación de inteligencia ilegal y desprestigio en contra del entonces candidato presidencial Gustavo Petro y el Pacto Histórico, orquestado por agentes del Estado, miembros del partido Centro Democrático, empresas privadas de redes sociales y algunos periodistas de medios de comunicación”.
“De otra parte, en el 2020, en el marco de los perfilamientos hechos por el Ejército Nacional, la Corte Suprema de Justicia le informó que su nombre aparecía en un archivo denominado ‘casos especiales’ ‘trabajos especiales’”, agregó en la denuncia.
Para Iván Cepeda es “fundamental investigar si el exmandatario permitió el uso de este software para interceptar comunicaciones privadas en Colombia, sin los debidos controles legales. Además, la denuncia solicita verificar posibles abusos de autoridad, desviación de fondos y violaciones de derechos humanos, lo que podría implicar responsabilidad penal para el expresidente”.
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