La representante Katherine Miranda destapó nuevas pruebas del contrato adjudicado a la unión temporal Centros Poblados y aseguró que “es imperdonable que la ministra diga que no sabía” sobre las irregularidades en el proceso adelantado por el Mintic, por lo que instó a la jefe de la cartera a apartarse del cargo.
La congresista habló en detalle de cómo inició la licitación para la conectividad en los colegios, quiénes participaron y cómo pese a saber de quiénes se trataba no reversaron el acuerdo.
Miranda reveló que entre los diez oferentes que aspiraban al contrato del Mintic el apoderado de uno de los licitantes “casualmente es una persona que trabaja al interior del despacho de la ministra”. Se trataba de Camilo Ernesto Valencia Suescún.
“La ministra lo niega, posteriormente ante la evidencia acepta que sí trabajaba con él y acaban el acuerdo por mutuo acuerdo y le premian la trampa porque le entregan un contrato este año que va del 15 de enero al 31 de diciembre por más de 250 millones de pesos a este señor”, aseguró la representante.
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Irregularidades del contrato que MinTic otorgó a Centros Poblados
La congresista Miranda señaló que de las cuatro empresas que integraban esa unión temporal “solo una tiene experiencia en telecomunicaciones, las otras la tenían en ferreterías, construcción de muebles y vías”.
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Tres compañías, entre ellas dos que pertenecían a Centros Poblados, modificaron su objeto para cumplir los requisitos.
Una de las empresas era Intec de la Costa, en la que tiene que ver el condenado Emilio Tapia, y la otra era ICM Ingenieros, relacionada con el exgobernador Álvaro Cruz. Los dos fueron investigados por el carrusel de la contratación en Bogotá.
“Es imperdonable que la ministra diga que no sabía porque yo pagué 6.000 pesos por cada certificado de la Cámara de Comercio donde me dice quién cambió, cómo cambió y en qué tiempo cambió”, afirmó la representante.
“Me parece increíble que el ministerio no haya sido capaz de evidenciar que hubo una modificación”, agregó.
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Al detallar sobre las irregularidades con las empresas que integran Centros Poblados, contratista de Mintic, dijo que el cuñado de Emilio Tapia, José Fernando Lorduy, hace parte de Intec de la Costa, y el cuñado de Álvaro Cruz, Jorge Rozo Barragán, hace parte de ICM Ingenieros.
“La ministra (Karen Abudinen) miente”, insistió.
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Asimismo, presentó una solicitud de revocatoria única al contrato por parte de la red de veeduría que fue enviada al Mintic 15 días antes de que se hiciera el desembolso a Centros Poblados, el 17 de diciembre de 2020.
La respuesta del Ministerio de las TIC fue que se negaba la petición porque no procedía y fue entregada dos meses después, cuando ya habían girado la millonaria cifra a la unión temporal.
“El Ministerio conocía de las advertencias, porque la respuesta la da Adriana Mesa, la secretaria general del Fondo Único de las TIC, encargada del tema presupuestal del Ministerio”, subrayó la representante Miranda.
Y soltó una perla más: “La interventoría, Consorcio Digitales, con un contrato de $19.500 millones para que revisara el contrato y no hubiese actos de corrupción, no tiene experiencia en tecnologías. Tiene experiencia en medicamentos y cosméticos”.
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“Una interventoría con experiencia en cosméticos fue la que revisó los contratos millonarios de Mintic”, reveló la congresista.
Por eso insistió en que Karen Abudinen tiene que renunciar.
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Y cuestionó al Gobierno nacional, a quien le recomendó que “en vez de estar dándole palmadas en la espalda a la ministra y tratando de apoyarla debería preocuparse para que más casos de corrupción como este no sigan pasando en Colombia”.
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