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Aída Merlano fue destituida e inhabilitada 10 años por la Procuraduría al hallarla disciplinariamente responsable de los hallazgos sobre compra de votos en su sede de campaña en Barranquilla denominada la Casa Blanca.
Allí se encontraron listados de personas a las que se les pagó su voto para su aspiración al Congreso en el 2018. Todo sustentado en 35 hallazgos hechos por el Ministerio Público.
La defensa de Merlano planteó que el procurador estaba impedido.
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“La Procuraduría no tiene competencia para investigar y sancionar a miembros de elección popular. Considero que la decisión adoptada por parte del señor procurador general de la nación, en el caso de la doctora Merlano, es abiertamente inconstitucional”, aseguró Silvio San Martín, abogado de Aida Merlano.
Para el Ministerio Público, la falta es gravísima y en el escrito se señala que Merlano era la jefe y organizadora de la estructura dedicada a la compra de votos en esa región del país.
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