Sigue la discordia por la suspensión de José Daniel Rojas, presidente de la SAE (Sociedad de Activos Especiales). Mientras la Procuraduría General le solicitó a Gustavo Petro hacer efectiva la medida, el mandatario respondió que el ente debería fijar sus investigaciones hacia otro lado.
Durante la entrega de 243 hectáreas a 52 familias campesinas en el municipio de San Benito Abad, en Sucre, Petro se preguntó “¿eso es justicia?”, al hablar de la decisión tomada contra su funcionario.
“Miren lo que estamos viendo ante nosotros solo en este hecho. Es el primer campanazo apenas, es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública”, afirmó.
Para el mandatario hay una persecución por parte del “órgano de control, que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados por los políticos en el poder, y en cambio cuando empezamos a entregar las haciendas de esos mafiosos al pueblo pobre, al pueblo campesino, al pueblo que estaba inundado en ese momento, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al director de la entidad”.
En ese mismo evento, el suspendido presidente de la SAE señaló que la decisión de la Procuraduría es solo resultado del odio.
“Los odios andan sueltos. Una élite que odia, que odia que entreguemos tierras, que odia que les quitemos las tierras a los mafiosos y se las demos a los campesinos”, afirmó José Daniel Rojas.
La investigación contra el presidente de la SAE
se dio por la venta de un paquete accionario de la empresa Triple A, que corresponde a más del 82 por ciento de las acciones.
La Procuraduría consideró que hubo faltas disciplinarias por parte de José Daniel Rojas por un presunto incumplimiento del contrato entre la SAE y la empresa de alumbrado público de Barranquilla, hoy denominada Empresa K-Yena, que podría derivar en un detrimento de 59 mil millones de pesos.
El Ministerio Público también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al superintendente de servicios públicos domiciliarios, Dagoberto Quiroga, quien habría sugerido, según la investigación a la SAE, que se suspendiera el cumplimiento del contrato.
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