El Gobierno Petro emitió el 7 de diciembre el decreto 2114 de 2023, con el cual deroga el decreto 1844 de 2018, que prohibía poseer tener, entregar, distribuir o comercializar drogas y sustancias prohibidas. Este facultaba a la fuerza pública para vigilancia y control.
El documento, que tiene la firma del ministro del Interior, Juan Fernando Velasco; del ministro de Justicia, Néstor Osuna; y del ministro de Defensa, Iván Velásquez, recalca que el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, "estableció la política nacional de drogas apunta hacia un nuevo paradigma contra las drogas".
Además, que es necesario "no solo asegurar evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas medidas correctivas, sino que también es necesario orientar el esfuerzo y la capacidad institucional para contrarrestar y atacar la oferta de sustancias psicoactivas (estupefacientes y psicotrópicas) así como las estructuras de crimen organizado dedicadas al microtráfico o narcotráfico, como un fenómeno transnacional".
Las críticas ante esta decisión no se hicieron esperar.
"Pareciera que el único fin de este Gobierno es beneficiar a los bandidos, con el fin de este decreto se benefician los que se lucran del microtráfico de estupefacientes y se perjudica claramente el accionar de la Policía, que pierde todas las facultades en esta lucha contra el microtráfico. También se perjudican los padres que no quieren ver a sus hijos en las drogas", señaló el senador Jota Pe Hernández.
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El representante Hernando Cadavid indicó: "Inexplicable afán del Gobierno por la permisión de todas las drogas en las calles de Colombia. ¡Lo que les suena 'moderno' es la miseria y destrucción de miles de jóvenes y familias! Como en otras oportunidades, aquí también buscaremos por la vía judicial tumbar estas torpezas".
"Gustavo Petro acaba de dejar parques y espacios públicos en riesgo de ser ocupados por jíbaros y consumidores", publicó el equipo de prensa de María Fernanda Cabal.