Desde la Fundación para la Libertad de Prensa , FLIP, aseguraron que el artículo que sanciona penal y económicamente a las personas que cometan injuria o calumnia contra funcionarios, exfuncionarios y sus familiares es abiertamente regresivo en materia de libertad de expresión.
Ese artículo hace parte de la llamada ley anticorrupción, que se aprobó en elCongreso de la República .
“Esto resulta completamente contrario a los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Manda un mensaje negativo por parte del Congreso y los congresistas que votaron a favor, como si se tratara una especie de revancha e intimidación a los medios de comunicación. Cabe recordar que son congresistas y funcionarios públicos los que hacen parte de muchas investigaciones periodísticas”, indicó Jonathan Bock, director de la FLIP.
Publicidad
Para directores de medios de comunicación, esa situación golpea a las denuncias que se hacen desde las regiones, teniendo en cuenta que los jueces podrían quitarles las personerías jurídicas a las empresas que injurien o calumnien.
“Para los medios de comunicación y periodistas en las regiones, que son quienes tienen que lidiar diariamente con la información de denuncias sobre corrupción de dirigentes políticos, ellos son presionados por muchas vías”, manifestó Ricardo Ospina, director del Sistema Informativo de BLU Radio.
Publicidad
Ante ese panorama, la Corporación Excelencia en la Justicia anunció que demandará dicho artículo.
“Si es sancionado y hace parte de una ley de la República, va a realizar todas las acciones que en nuestra Constitución prevé a efectos de que la Corte Constitucional revoque esa medida o declare su inconstitucionalidad por contravenir derechos fundamentales que en una democracia son pilar de la misma”, aseveró Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.