Una noticia que causó gran impacto en Colombia en las últimas horas fue el brutal ataque a un grupo de militares en Norte de Santander. Los soldados, que cumplían una labor de seguridad en el oleoducto Caño Limón - Coveñas, fueron atacados con tatucos y ráfagas de ametralladoras. Nueve uniformados murieron y otros nueve resultaron gravemente heridos. Este atentado ocurre justo en medio de los diálogos de paz con el ELN. Para hablar del tema, Noticias Caracol invitó al fiscal general, Francisco Barbosa.
Judicialmente, ¿cómo se va a abordar esta matanza y el cruel ataque a esta patrulla militar en Norte de Santander?
Ya nos trasladamos a esta zona del país. Quiero enviarle un mensaje de solidaridad, de condolencia, a los familiares de estos muchachos.
¿Usted cree que se debería seguir negociando con un grupo como el ELN?
He tratado de ser muy claro en que eso le corresponde al presidente. He sido muy claro que he visto una disminución en el país de la judicialización. Tenemos 423 órdenes de captura contra homicidas de líderes sociales, de reinsertados, que no se han podido materializar, producto de este desorden y caos en el manejo del orden público en Colombia.
Llevo tres meses en esto. Hablamos de unos decretos que no debían existir; uno de ellos terminó derogándose con el Clan del Golfo. Hay otros que están en vigencia. He colaborado con la suspensión de las órdenes de captura de los líderes del ELN, de las disidencias.
Pero sí llamo la atención de que uno no puede paralizar el país y lo que acaba de suceder en el Catatumbo, de que tenemos una posición bastante laxa en el manejo del orden público de este país.
En las últimas horas, también causó revuelo la aparición de un video en el que se ve a miembros de las disidencias de las FARC en un acto público en Policarpa, Nariño…todo esto armados y en medio de la población civil. ¿Usted se imaginó este tipo de escenarios cuando aceptó suspender las órdenes de captura de varios disidentes acreditados por el Gobierno como voceros de paz?
Esto se dio desde hace tres meses y no se han tomado medidas. Uno plantea esto y aparece un grupo de personas, en internet o en Twitter, o el mismo presidente de la república retuiteando ataques contra el fiscal general de la nación, diciendo que no podemos hablar.
Eso de las personas patrullando en Nariño, tuvimos que sacar unos fiscales de Tarazá. Esperamos que se recupere el orden público en esa zona para hacer efectiva la labor de la Fiscalía en zona rural, porque entonces no se puede implementar el acuerdo de paz, no se puede capturar a las personas violadoras de DD. HH.
Y la solución no es decir que el fiscal se calle y no hable. Claro que estamos muy preocupados, no podemos volver a la situación que teníamos hace 20 años.
¿Cómo está la relación con el Gobierno para avanzar en la paz total?
La paz total no es la negociación política con el narcotráfico. El inicio de unas negociaciones con actores políticos, eso lo he hecho, la Fiscalía ha colaborado, levantando las ordenes de captura del ELN y las disidencias, pero la paz total no puede ser que usted pretenda desocupar las cárceles o pretenda legalizar la cadena del narcotráfico a través de proyectos de ley. O pretenda hacer acuerdos políticos sin decirlo, porque eso generaría una situación de anarquía desde el punto de vista de la persecución criminal en Colombia. La paz total no puede ser meter en una bolsa todo.
Hay colaboración de la Fiscalía General en la paz total, pero no de negociar con narcotraficantes.
Y con la relación del gobierno con la Fiscalía General de la Nación se mantiene la apertura mía hacia el diálogo, a pesar de la idea de tratar de personalizar las discusiones y tratar de rechazar lo que he venido advirtiendo en el marco de mis competencias.
Toda esta situación y negociaciones se dan en medio de una situación de orden público bastante acalorada, hace pocos días un juez de instrucción de la Justicia Penal Militar ordenó la captura del comandante de la Policía en Caquetá para que explique cómo sucedieron esos hechos de los cuales fueron víctimas más de 70 uniformados de la Policía en el sector de Los Pozos, San Vicente del Caguán. Usted también había hablado en ese entonces de algunas posibles omisiones por parte de militares en medio de esa operación que se desplegó en San Vicente del Caguán, ¿qué paso con eso?
Son tres investigaciones que van a tener respuestas en los próximos días. La primera tiene que ver con el homicidio de esas dos personas, ya nosotros estamos avanzando para las respectivas decisiones que tendrán que ver con imputaciones de personas. Una segunda línea es muy importante y tiene que ver con las omisiones que se presentaron en ese caso, en ese sentido se llamarán a declarar algunos generales y funcionarios, otros tendrán que venir a interrogatorio con apoderado en los próximos días.
Es una noticia muy importante, tres generales llamados a declarar en este caso
Nosotros tenemos que estar en este caso de manera contundente y, en tercer lugar, por los daños que se produjo al interior de las instalaciones. Tenemos tres líneas investigativas y pronto daremos los resultados.
No, aún no podemos decir los nombres, pero ustedes lo conocerán.
Usted también ha sido muy crítico con todo ese tipo de negociaciones y con todo lo que tiene que ver con la ley de sometimiento que impulsa el gobierno. Usted incluso ha señalado que esta ley nos puede llevar a que sea un narcoestado. También le hizo algunas observaciones a este proyecto a través del consejo de política criminal del cual usted hace parte, ¿estas observaciones se tuvieron en cuenta?
No se tuvieron en cuenta, hubo algunas modificaciones, se recogieron un par de cosas, pero se agudizaron los problemas en ese proyecto. Cada vez que uno hace una crítica, ahora aparecen y dicen “traición a la patria”, denuncia ante la Comisión de Acusación, yo no sabía que en Colombia no se podía hablar en el marco de las competencias. Me parece, además, absolutamente irracional el argumento.
Vuelvo y repito. Uno está por la paz, pero uno no está en la idea de la paz para resolver el problema del narcotráfico. Son dos tipos de procesos: un proceso de justicia transicional como lo hubo en La Habana, y un proceso de justicia retributiva con cárcel, como hubo en la ley de Justicia y Paz.
Yo había denunciado en el proyecto de humanización que se estaba legalizando la cadena del narcotráfico. El presidente de la republica me señaló que era una calumnia, pues si es una calumnia estoy esperando una denuncia penal para que me diga en qué consistió la calumnia. Porque, hasta donde yo he visto y el país ha visto, ha sido un director de la DIAN diciendo que hay que legalizar la cocaína; tenemos funcionarios públicos que han dicho que tenemos que cambiar el modelo frente a la cocaína, que hay que regular el mercado. Y al mismo tiempo tenemos un proyecto de ley de humanización, que es una realidad en el que se establece en un artículo una figura que se llama la suspensión de la ejecución de la pena.
Una persona condenada que sale de la cárcel cuando se presenta un situación bastante particular y es que no podemos permitir que incluyan personas que transporten, conserven, ofrezcan, elaboren, vendan e importen precursores químicos para la elaboración de cocaína, heroína o drogas sintéticas. ¿Entonces cuál es la sorpresa cuando digo que se está tratando de legalizar la cadena del narcotráfico?
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