Mientras la agenda de paz en Colombia parece moverse solo en torno a las negociaciones entre el gobierno y el ELN, y prontamente con el estatus político que marcará las conversaciones con la disidencia de alias ‘Iván Mordisco’, o las intenciones de sometimiento a la justicia de grupos como la Segunda Marquetalia y las autodefensas de la Sierra Nevada, desde las cárceles ya hay quienes, lejos de estas organizaciones, están pidiendo pista y postulando sus nombres como gestores de paz.
Ellos son:
- José Aníbal Granda Ramos, alias ‘Harry’, encargado de las finanzas ilícitas del Clan del Golfo y de los envíos de cocaína hacia Centroamérica, persona de confianza de quien fuera en su momento máximo cabecilla alias ‘Otoniel’.
- Alberto Soto, alias ‘Lucas’, excontador de la casa Castaño y acusado de la masacre de Juradó, en el departamento de Chocó.
- Carlos Usúga, hermano de alias ‘Otoniel’ y también jefe de finanzas del llamado Clan del Golfo.
- Orlando Villa Zapata, alias ‘la Mona’, exparamilitar del bloque vencedores de Arauca de las AUC.
- Rigoberto Urrea Vargas, exmiembro del bloque libertadores del sur de las autodefensas.
- Alias ‘Douglas’, exjefe de La Oficina y sucesor de alias ‘don Berna’ y de alias ‘Tom’, uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia y condenado a 16 años de prisión.
Pero en la lista de quienes se ofrecen a ser gestores de paz también hay varios extraditables, quienes de puño y letra en una carta del pasado 16 de diciembre aseguraron estar listos para mediar en el desmantelamiento y sometimiento de estructuras armadas y negocios ilícitos.
Se trata de Edwin Samuel Durán Colina, Javier Montalo Ortiz y Alberto Alonso Jaramillo. Este último fue capturado con Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba y pedido en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
El pedido lo están haciendo soportados en la ley de orden público de 2022, la misma con la que se amparó a los denominados miembros de la primera línea y que han recobrado su libertad para ser gestores de paz.