Una cascada de reacciones generó el nuevo texto de reforma a la salud concertado entre el gobierno y las EPS. En una carta firmada por varios exministros de salud, se plantea que las EPS fueron sometidas a esta negociación y no se tuvo en cuenta la voz del personal en salud.
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“Esto no fue un acuerdo, fue una especie de ultimátum: ‘o se entregan o desaparecen’. Y ellas, con mucha razón, van a decir, ‘preferimos ser gestoras a morir’. La verdad es que ser gestora significa convertirse en simples intermediarias”, explicó el exministro de Salud, Jaime Arias.
El exministro argumentó cuáles son los puntos más preocupantes de esta nueva reforma: “Todo esto va a terminar en que el sistema de salud que teníamos robusto, importante y donde había que hacer algunos cambios, se va languideciendo en dos o tres años”.
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En entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió que la reforma a la salud es uno de los proyectos que más se ha debatido en este gobierno.
“Yo creo que este proyecto ha sido, tal vez, uno de los más debatidos. Yo creo que, desafortunadamente, con buena o mala información, nosotros no hemos podido venderlo adecuadamente. Pero aquí lo que estamos es en que la salud cambie, que no se vea la salud como un negocio”, manifestó Jaramillo.
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El funcionario explicó que las EPS aceptaron sentarse en la mesa por su situación financiera: “No van a responder, ni deben responder por las situaciones financieras que se están presentando. ¿Por qué razón? Todo el sistema empezó con 150 EPS, hoy no tenemos sino 28 y solamente cinco logran cumplir los parámetros para poder estar como aseguradoras financieras”.
Por su parte, algunas EPS explicaron por qué aceptaron el acuerdo.
Galo Viana, presidente de Gestarsalud, indicó que “hoy recibimos unos recursos financieros y con ese dinero debemos atender todas las necesidades de salud de los usuarios. Las circunstancias hoy demuestran que esos recursos son insuficientes. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo para que sea el Estado quien asuma esa responsabilidad”.
A pesar de las críticas al articulado que surgió del acuerdo, se espera que el próximo semestre legislativo se radique la iniciativa en el Congreso.
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