La audiencia para definir la medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López comenzó a las 8:30 de la mañana del 31 de agosto. Los abogados defensores pidieron garantías de reclusión para sus clientes. José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, destacó que su defendido recibe amenazas de grupos delictivos, indicando que la Dirección Nacional de Protección de Testigos está al tanto de la situación. “Recibe amenazas por parte de grupos delictivos al margen de la ley que son puestos en conocimiento a la Dirección Nacional de Protección de Testigos”, afirmó Moreno.
Críticas del juez sobre el caso de corrupción
El Juez Cidulfo Hernández no escatimó en críticas durante la audiencia. Cuestionó el hecho de que las reuniones relacionadas con el caso de corrupción se hayan llevado a cabo en la Casa de Nariño, la sede presidencial. Hernández expresó su sorpresa y descontento: “Por lo cual considera el despacho, que en este punto debe decir, que si se pudo acreditar con los elementos materiales probatorios, ese entramado de ciudadanos, funcionarios públicos en particular de altas esferas del Estado y no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, en el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá, la reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño, donde uno esperaría allí no haya delito, donde se llevan las riendas del Estado, desde allí se gobierna el Estado colombiano”, dijo el juez.
Además, el juez amplió su cuestionamiento sobre la seguridad en la sede presidencial, comparando el caso con incidentes previos: “¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado al funcionario de la Policía Nacional involucrado en el caso de la señora que presuntamente se quedó con dinero de una funcionaria de alto rango. Hay funcionarios que han fallecido incluso con estas actuaciones al interior de la Casa de Nariño”, agregó Hernández.
Denuncias y críticas adicionales
Hernández también criticó la aparente falta de control y conciencia entre los altos funcionarios involucrados en el escándalo. “En este caso transitaron en maletas más de 4.000, 5.000 millones de pesos. Se los entregaron directamente a ciudadanos que, evidentemente, debieron tener conciencia de la procedencia del dinero”, señaló el juez. Calificó la situación como “vergonzosa” y criticó la forma en que las figuras del Estado se vieron implicadas: “Ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza, permeó figuras del Estado”, concluyó Hernández.
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Medida de aseguramiento y consecuencias
Tras las duras críticas y el análisis del riesgo presentado por la Fiscalía, que determinó un nivel de exposición "extremo" para los imputados, el juez decidió imponer medidas de aseguramiento para López, Pinilla y López. Los tres serán enviados a distintas guarniciones militares mientras se les imputa por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Durante la audiencia, ninguno de los acusados aceptó los cargos.
Investigación previa de la Fiscalía
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía han revelado una serie de anomalías graves en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que abarcan desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024. Según los datos obtenidos, se descubrió que la UNGRD entregó información privilegiada a ciertos contratistas, facilitó la inscripción apresurada de empresas en el registro de proveedores para cumplir requisitos, acordó el pago de dádivas de hasta el 14% del valor de los contratos comprometidos y falsificó documentos para legitimar contratos y desembolsos.
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Estas irregularidades se identificaron en un total de 21 órdenes de contratación, que sumaban 228.884 millones de pesos. Entre las evidencias más destacadas, se encuentra que los entonces director y exdirector de la UNGRD orientaron seis órdenes de contratación para beneficiar a las empresas del contratista Olmedo López Rosero. Los contratos en cuestión incluían el suministro de materiales para emergencias en Nariño, Chocó y Cauca, así como la adquisición de 40 carrotanques para suministrar agua a La Guajira por 46.800 millones de pesos, 20 carrotanques adicionales por 27.000 millones de pesos y 20 camiones tipo bombero por 31.000 millones de pesos.
La investigación reveló un sobrecosto significativo de 14.163 millones de pesos en el contrato para los carrotanques destinados a La Guajira. Se determinó que parte de este sobrecosto se utilizó para el pago de coimas, con 724 millones de pesos destinados a Olmedo López Martínez y 342 millones de pesos a Sneyder Pinilla Álvarez. El contratista presuntamente obtuvo una ganancia ilegal de 7.821 millones de pesos en este contrato.
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