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Un contrato del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (MinTic) tiene encendidas las alarmas porque estarían en riesgo 70 mil millones de pesos de un anticipo al contratista y además la conectividad a más de 7 mil escuelas rurales.
La adjudicación para llevar conectividad a las escuelas más apartadas y olvidadas del país se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2020.
El objetivo era conectar a la red 14.745 escuelas rurales con una inversión superior a los 2 billones de pesos que se ganó por un lado Claro Colombia y por el otro la Unión Temporal Centros Poblados.
“Este es un día histórico para nuestros estudiantes y habitantes de las veredas y corregimientos más apartados del departamento de nuestro país”, manifestó en ese momento Karen Abudinen, ministra de las TIC.
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Sin embargo, la W Radio encendió varias alertas sobre este contrato. Los reflectores apuntaron a uno de los ganadores, la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía que instalar más de 7 mil puntos, porque al parecer hubo retrasos y se identificaron hasta garantías bancarias al parecer falsas. Además, estarían en riesgo 70 mil millones de pesos entregados como anticipo a esa firma.
“El Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones ha dado lectura del acto administrativo que declara la caducidad sobre el contrato 1043 del 2020”, dijo en junio del presente año la funcionaria.
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La versión desde el Ministerio de las TIC es que ante un incumplimiento del contratista se abrió el proceso de caducidad del contrato y durante una audiencia el banco Itaú señaló que la garantía presentada por la Unión Temporal no fue expedida por su entidad, como lo muestra una certificación del pasado 7 de julio.
“No está legitimado para obrar como garante dentro del proceso de la referencia, por cuanto las garantías bancarias número 2020-1156-01001, 2020-1156-0100 y 2020- 1156-01003 no fueron expedidas por el banco”, se lee en el certificado
Es decir que las garantías presentadas por la Unión Temporal, al parecer, son falsas.
Noticias Caracol habló con el abogado Jorge Pino Ricci, quien explicó que la Unión Temporal buscó a una empresa con trayectoria en el trámite de seguros para la consecución de la garantía.
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“Quienes informan y quienes han manifestado que el banco sí la otorgó, pero que en especial funcionarios del banco intervinieron en su expedición”, indicó Pino.
Señaló que deben ser las autoridades las que determinen si la garantía es falsa y sobre los 70 mil millones del anticipo aseguró que fueron invertidos en mil puntos que ya están instalados en el país, pero frente a los cuales el ministerio no tiene evidencia.
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“Se efectuaron giros a Estados Unidos no a paraísos fiscales, sino a Estados Unidos para cancelar bienes equipos requeridos para el cumplimiento de la prestación”, agregó el abogado.
La solución que plantea la defensa de la Unión Temporal es que el contrato se ceda y no que se declare su caducidad como lo quiere el Ministerio de las TIC porque, según ellos, ocasionaría la parálisis del proyecto de conectividad y un largo litigio.
“Los integrantes de la Unión Temporal tienen contratos por más de 10 billones de pesos en ejecución y el perjuicio que están sufriendo en este momento es incalculable”, indicó Pino.
Para este miércoles está programada una audiencia con el interventor y el próximo jueves con la firma Unión Temporal.
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Noticias Caracol buscó a la ministra Karen Abudinen, quien está en el ojo del huracán por este contrato, pero desde MinTic señalaron que ella hablará una vez se surtan las audiencias.
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