Un reciente estudio reveló la radiografía de la impunidad en los delitos electorales. Más de 7.000 denuncias se hicieron al respecto en los últimos 7 años y solo en el 2% de los casos hubo sanciones a los responsables.
Aunque siempre los fantasmas de la corrupción acechan con fiereza en tiempos de elecciones, quizá nunca antes Colombia había visto esa maqueta de una forma tan cruda como en el caso de Aida Merlano
. Esa es la conclusión de Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).
“Aquí terminamos siendo los mismos contribuyentes quienes terminamos pagando los costos de ese clientelismo y esa corrupción porque esos recursos no salen de recursos privados, sino salen de recursos públicos que se utilizan para favorecer campañas”, señala Barrios.
Según ella, hace rato las corruptelas electorales pasaron de los tamales y las tejas al zarpazo en los megacontratos.
“Aquí estamos hablando de unos conciertos para delinquir absolutamente sofisticados, no estamos hablando de cuatro pesos. Por el tamal y la teja pasamos hace años, hoy estamos hablando de contratos. Las más grandes ‘compra de votos’ se están dando a través de megacontratos del Estado que tienen que ver con infraestructura a través de grandes empresas que terminan teniendo grandes dividendos”, enfatiza.
La opacidad de muchas campañas, las cuentas poco claras de los partidos y las prácticas del voto amarrado son la letra menuda de todas las elecciones en Colombia. Están ahí, todo el mundo las ve, pero casi nunca las alcanza la justicia.
¿Estás comprando el poder o estás siendo elegido? Pareciera que aquí lo que hacemos es comprar el poder porque, entre mayor cantidad de financiación menos visible, en qué lo traduces: compra de votos, utilización de contratos del Estado para favorecer futuras elecciones y una profundización del uso de los bienes y servicios del estado para favorecer campañas políticas en el nivel local
Una preocupación que comparte Andrés Hernández, director ejecutivo de transparencia por Colombia. Un estudio liderado por su organización, con base en información oficial de la Fiscalía, reveló la radiografía de la impunidad en los crímenes electorales.
“Lo que encontramos a grandes rasgos es que tenemos un gran número de denuncias entre 2014 y 2021, más de 7.000, pero que a lo largo de las etapas de investigación solamente se llega a sancionar 2% de esos altos números de denuncia”, explica Hernández.
La investigación, realizada con apoyo del gobierno de Estados Unidos, estableció que los escasos resultados en estas pesquisas contribuyen a perpetuar estos círculos clientelares de la corrupción. Además, es la constatación de que casi nunca se indaga por los patrocinadores a la sombra de los políticos.
“Sí esperaríamos que frente a un número de denuncias tan alto el número de sanciones efectivas fueran muchísimo más altas, no solamente en número sino sobre todo en desestructurar esos esquemas de corrupción político electoral que pueden estar detrás de estas dinámicas en distintos lugares del país”, comenta el director ejecutivo de transparencia por Colombia.
Los delitos de corrupción electoral
Algunos datos del informe son desoladores. La corrupción al sufragante es el delito más denunciado. Entre 2014 y 2021 se registraron 1.549 noticias criminales, pero solo se lograron sentencias en 31 casos. En ese mismo lapso, la Fiscalía reportó solo dos sentencias por el delito de intervención en política y ni una sola por el tráfico de votos.
A pesar de estos indicadores, el gobierno busca caminos para prevenir el fraude.
“La corrupción constituye una de las principales amenazas contra el Estado social de derecho, pues vulnera los cimientos de la democracia participativa. Perseguiremos con firmeza a quienes atenten contra la integridad de nuestra democracia”, afirma Wilson Ruiz, ministro de Justicia.
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