El presidente electo Gustavo Petro se dirigió a la Fiscalía y a la Procuraduría en su primer discurso tras las elecciones. Sin hacer referencia a la primera línea ni al alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, pidió liberar a los jóvenes encarcelados y restituir a los mandatarios suspendidos. La cabeza del ente investigador le respondió y constitucionalistas opinaron.
"Colombia vivió un pasado de luchas y rebeldías en contra de las injusticias y las desigualdades”, así comenzó su discurso el presidente electo para hacerle una petición a la Fiscalía General de la Nación.
“Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal que libere a nuestra juventud”, dijo Gustavo Petro.
La solicitud, de inmediato, tuvo respuesta del fiscal Francisco Barbosa, quien dijo que él no tiene la competencia para hacerlo.
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“Si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general. Lo invito a que tramite sus debates institucionalmente y no de manera personal”, replicó Barbosa.
Horas antes, el fiscal Barbosa había entregado un balance sobre la primera línea, señalando que, para la judicialización de los capturados, tiene todas las pruebas que los inculpan de varios delitos.
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El electo mandatario también se dirigió a la procuradora Margarita Cabello, solicitando que “restituya en sus puestos a los alcaldes de elección popular”. Por ello, los constitucionalistas hablaron de lo que podría ocurrir en adelante.
“Se debe decir que son anticipos de los choques institucionales que habrá entre el nuevo gobierno y los órganos de control que fueron designados en el gobierno de Iván Duque”, manifestó Juan Manuel Charry, experto en derecho constitucional y ciencia política.
Por su parte, Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, indicó que Petro lo que hace es “un llamado ciudadano a la Fiscalía para que realice una valoración más profunda y objetiva de las pruebas. Respecto a la Procuraduría, se trata de un llamado del presidente electo a que las investigaciones de este ente se hagan sin sesgo político”.
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Este tipo de llamados jurídicos, según los expertos, no podrá hacerlos Gustavo Petro cuando se posesione, debido a que iría en contra de la división de poderes.
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