La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta al Gobierno nacional por riesgo electoral en una tercera parte de Colombia. La situación afecta a 380 municipios de 24 departamentos del país, especialmente en el suroccidente.
La presencia de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo plantean un panorama complicado para la jornada electoral que se celebrará en Colombia en el mes de octubre
.
“Expresamos preocupaciones en unos territorios debido a la injerencia, a la presencia, al control territorial y social que vienen adelantando las distintas estructuras armadas irregulares. Le expresamos a su vez al señor presidente de la República el acompañamiento desde la Defensoría permanente a la política pública de paz total. 380 municipios del país entre riesgo alto y riesgo extremo, es decir, que existen altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios a los derechos humanos”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El funcionario también le advirtió al presidente Petro que el accionar de estos grupos armados ha venido aumentando: “Es importante que haya un cese inmediato en lo que tiene que ver con las actividades de las extorsiones, de los homicidios selectivos, así como también del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como también situaciones de amenazas, y más de cara al proceso electoral que se avecina, donde se incrementan las amenazas a candidatos”.
El panorama del riesgo electoral en Colombia se suma al preocupante informe que presentó recientemente la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que entre otras cosas plantea que en el primer semestre de este año han sido asesinadas 46 defensores de DD.HH. en el país.
Secuestro de una funcionaria de la Registraduría
La alerta sobre el riesgo electoral en Colombia se da en el marco del secuestro de Camila Suárez Galván, funcionaria de la Registraduría Nacional, que fue raptada en el municipio de Convención, región del Catatumbo.
Según versiones de los lugareños, Suárez, de 20 años de edad, fue secuestrada cuando llegaba a su lugar de trabajo por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y que la obligaron a subirse a ese vehículo.
El registrador nacional, Alexander Vega, rechazó el secuestro de la funcionaria y pidió que sea liberada pues este delito, además, afecta el normal desarrollo de las elecciones municipales y regionales del próximo 29 de octubre.
"Rechazamos cualquier acto de violencia que afecte el normal desarrollo de las elecciones y el libre ejercicio del voto y especialmente en contra de nuestros funcionarios; esta vez el secuestro de Camila Suárez Galván en el municipio de Convención, Norte de Santander", dijo Vega a periodistas.
Igualmente, instó al Gobierno nacional y los organismos de seguridad al "pronto esclarecimiento de este hecho" que hasta el momento no se lo ha atribuido ninguno de los grupos armados que operan en la zona.
Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.