Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por riesgo electoral presente en 113 municipios

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta frente al riesgo electoral que se presenta en más de un centenar de municipios de Colombia de cara a las elecciones regionales que se realizarán el próximo mes de octubre.

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La institución presentó al gobierno de Gustavo Petro una preocupante radiografía de la situación de seguridad de 9 regiones, a tan solo 66 días de los comicios electorales.

“Hemos emitido esta alerta temprana electoral para que el Estado y toda la institucionalidad puedan prevenir escenarios de riesgo y conductas que vulneren los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades”, explicó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.

Dentro del esbozo se destacó que las zonas donde los candidatos están presentando mayores dificultades para hacer campaña están en Arauca, Catatumbo, el sur de Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Orinoquía, Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.

El defensor del Pueblo declaró que dentro de los asuntos que más preocupación causan están los confinamientos a comunidades, el reclutamiento forzado y las amenazas a las campañas de más de 92 candidatos en 22 departamentos.

En medio de los debates, la Misión de Observación Electoral pidió al Gobierno mayores acciones para mitigar el riesgo electoral.

"Las Fuerzas Militares deben tener las coordenadas, el análisis de riesgo. No podemos ir poniendo puestos de votación sin saber si un lugar es seguro", expresó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

Pese a las manifestaciones de preocupación del riesgo electoral, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, resaltó que las Fuerzas Militares están recuperando territorios donde hay presencia de grupos al margen de la ley.

El informe de la Defensoría del Pueblo indica que actores armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos del crimen organizado se han expandido un 56% en las regiones del país, con el agravante de que han diversificado sus fuentes de financiación ilegal.

"El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, declaró la Defensoría del Pueblo.

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