El presidente Gustavo Petro autorizó el pago de recompensas a ciudadanos que denuncien la compra de votos y entreguen información sobre los responsables de este delito. Desde varios sectores cuestionaron esta determinación.
En menos de 24 horas pasó de ser una propuesta de gobierno a una orden presidencial dada en un mensaje en X. Aunque aún no están claros los detalles y mecanismos de pago, el presidente Petro escribió primero que la recompensa sería entre 1 y 5 millones de pesos.
No obstante, luego aseguró que se daría al informante el 10% de la plata destinada a la compra de votos y que sería incautada por la Policía Nacional.
“Cuando nosotros vendemos el voto o lo intercambiamos por un bien o servicio, lo que estamos es constando con la corrupción, que en últimas es la mala utilización de los impuestos que todos pagamos”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE.
Según expertos, se trata de una propuesta que no es nueva.
“No hay ninguna norma que genere una limitación para que otros delitos, como los electorales, puedan también gozar de este tipo de beneficios, el pago de recompensas a quienes denuncien”, sostuvo Wilson Alejandro Martínez, exfiscal y docente.
Según la directriz presidencial, los jefes seccionales de la Policía serán evaluados conforme al balance que tengan en capturas de responsables de delitos contra el sufragio.
“Termina generando un incentivo para que se generen falsos testigos o falsos denunciantes de este tipo de hechos”, agregó Martínez.
"Evaluar a jefes de Policía por el número de capturas no refleja para nada el buen o mal desempeño de los uniformados. Por el contrario, puede afectar directamente la operatividad policial”, dijo Andrés Macías, analista en temas de seguridad.
A la fecha de publicación de esta nota, la MOE había recibido 240 denuncias por presunta compra de votos.
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