La Defensoría del Pueblo
aseguró que al menos 42 candidatos han sido amenazados o sufrido atentados durante esta temporada de elecciones regionales. La problemática se traslada también a varios mandatarios actuales, quienes han visto limitada gobernabilidad frente a las constantes intimidaciones en su contra.
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Según la entidad, los casos más críticos se presentan en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
Uno de estos flagelos los ha sufrido José David Hernández, uno de los candidatos por la Alcaldía de Anorí, en Antioquia.
Hernández relató que hizo el lanzamiento de su campaña a mediados del mes de agosto de 2023 en el parque principal del munucipio. Tan solo un día después, el aspirante comenzó a recibir mensajes por medio de WhatsApp, donde le pedían de manera explícita abandonar el municipio en menos de 24 horas.
En su concepto, estas amenazas estarían siendo enviadas por el Clan del Golfo, por lo cual se le ha dificultado realizar su labor de campaña, debido a que tanto él como su equipo de trabajo deben estar rodeados de escoltas.
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Quienes están terminando su periodo también se han visto permeados por estos problemas de seguridad, como lo es el caso de Heyder Palacio, gobernador del Guaviare.
"Hemos denunciado todo el tiempo que los comandantes del frente primero de Iván Mordisco nos amenazan directamente, nos envían mensajes que van a atentar contra nuestra vida", declaró Palacio.
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Añadió: "Nosotros estamos sirviéndole a la gente, necesitamos hacer presencia en las comunidades, para llevar obras, para llevar progreso y desarrollo".
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, alertó que más de 25 alcaldes de diferentes municipios del territorio nacional están siendo intimidados, lo cual puede significar un riesgo para las próximas elecciones regionales. Cifras de la Defensoría del Pueblo destacan que 113 municipios están en riesgo electoral extremo.
Entretanto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, declaró que el Estado colombiano está en la obligación de proveer todo el respaldo en materia de seguridad a los ciudadanos.
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