¿Hasta qué punto el presidente Gustavo Petro tendría la facultad de echar para atrás el contrato de pasaportes adjudicado a la firma Thomas Greg & Sons?
Es la inquietud que surge luego de que el mandatario expresara que se sentía traicionado por la decisión que tomó el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.
Varios expertos y académicos coinciden en que el jefe de Estado no tendría la potestad de revertir el acuerdo.
Uno de ellos es Pedro Alfonso Hernández, profesor de función pública y derecho de la Universidad Externado, quien señala que “esa competencia fue delegada al secretario general del Ministerio”, por lo que “el presidente carece de competencia para disponer él por su cuenta de la revocatoria. Para poder revocar esa decisión se requiere que el Ministerio le pida al contratista su consentimiento. Si el contratista no da su consentimiento para la revocatoria, procedería que el Ministerio demande ante la jurisdicción de lo contencioso el propio contrato”.
Fahid Name, profesor de la Universidad Javeriana, advierte que el único mecanismo que podría tumbar eventualmente esta decisión sería una demanda de tipo administrativo del Gobierno contra el propio Gobierno.
“Por vía administrativa yo no encuentro ninguna figura, ni para que lo haga el ministro de Relaciones Exteriores ni para que mucho menos lo haga el presidente de la República de manera directa. Ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo podría haber algunas demandas que puedan dar lugar a una determinación en ese sentido, pero al menos al ser administrativa es una determinación definitiva”, explica.
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Por su parte, el profesor de la Universidad de los Andes y exdirector de contratación pública Jorge Tirado reiteró que “el acto de adjudicación de un contrato estatal es, en principio, un acto irrevocable” y “es un proceso que podría, por supuesto, tardar años”.
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