Director de DNI dice que denuncias sobre chuzadas a magistrados son “rumores” por ahora

En la mañana de este miércoles, Carlos Ramón González, director Nacional de Inteligencia (DNI), se refirió a las denuncias sobre chuzadas a magistrados de las altos cortes.

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El director de la DNI aseguró que esas denuncias sobre chuzadas por ahora son “rumores” hasta que la Fiscalía General de la Nación demuestre lo contrario.

Confirmó que hay más magistrados diciendo que están siendo interceptados, pero negó que cualquier funcionario de la DNI esté realizando chuzadas.

“Las instituciones del Gobierno no se usan para perseguir a nadie”, dijo Carlos Ramón González, director de la Agencia Nacional de Inteligencia.

Estas declaraciones del líder del DNI se produjeron justo un día después de que la Fiscalía General de la Nación tomara las declaraciones de los tres magistrados auxiliares de Jorge Enrique Ibáñez frente a las supuestas chuzadas.

Las denuncias sobre chuzadas

La situación se desató hace unos días con la denuncia de magistrados de la Corte Constitucional, según la cual los están siguiendo, sus comunicaciones están interceptadas y hasta les están hurgando sus operaciones financieras y bienes.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, dijo que él y se esposa son víctimas de esos seguimientos y señaló directamente, por fuentes que dijo conocer, a miembros de los organismos de inteligencia del Estado.

¿Chuzadas también a la JEP?

El martes 25 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también se pronunció y envió un oficio a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en el que pide que se adelante una investigación sobre las supuestas chuzadas a magistrados de ese y otros tribunales.

“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación, ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía. Además, se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado social y democrático de derecho adoptado por Colombia, así como una clara amenaza a la seguridad de los magistrados y magistradas de esta jurisdicción”, apuntó.

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