Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro en el que indica que se suspende el proceso de diálogo con el ELN por lo que el jefe de Estado calificó como recientes "crímenes de guerra" en el Catatumbo, Iris Marín, defensora del Pueblo, aseguró que "lo que está ocurriendo es de extrema gravedad".
En diálogo con Noticias Caracol, la funcionaria calificó el anuncio de la suspensión de diálogos con el grupo armado como "una decisión autónoma y legítima del presidente de la República y del Gobierno nacional”.
Y agregó que “el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las comunidades le han venido pidiendo a todos los grupos armados y particularmente al ELN un mayor compromiso de paz que inicia con el respeto del Derecho Internacional Humanitario de la población civil. Hace pocos días, el consejero comisionado había pedido al ELN que tomara una decisión y, aunque no ha respondido formalmente, pues esto dice mucho. El ELN tiene que comprometerse con la paz y con el respeto de la población civil”.
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Defensoría del Pueblo habría alertado al Gobierno de la situación en el Catatumbo
Los recientes ataques contra la población civil de zonas territorialmente disputadas por los grupos armados al margen de la ley se habían advertido, según la defensora del Pueblo.
“La Defensoría del Pueblo venía advirtiendo esta situación desde el 2021, venía alertando en su sistema de alertas tempranas que esta situación se podía presentar. La última alerta fue del 15 de noviembre, una alerta de inminencia en la que justamente se estaba diciendo: hay una expansión del Frente 33 y se venía exacerbando una tensión entre el Frente 33 y el ELN que venían teniendo una suerte de acuerdo de coexistencia en el territorio y que ya se veía venir que esto podía romperse y que, si se rompía, iban a ocurrir cosas como las que están pasando hoy y que realmente son crímenes de extrema gravedad”, acotó Marín.
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Además, indicó que “habíamos pedido (al Gobierno nacional) no solo medidas de disuasión con el uso de la fuerza, la judicialización, el fortalecimiento de la fuerza pública, medidas para pedir a los grupos armados a través de los diálogos y espacios de conversaciones un desescalamiento o unos acuerdos que permitieran evitar esta situación”.
Para la funcionaria, la prioridad en este momento es salvaguardar la vida de las personas inocentes que están quedando en medio del conflicto. Así lo recalcó: “En este momento realmente hay que priorizar la protección de la población civil. Las asociaciones de municipios en el Catatumbo están pidiendo corredores humanitarios; eso es en lo que nos tenemos que centrar: exigir al ELN que suspenda de inmediato estos ataques, especialmente contra la población civil y contra firmantes. Es que tenemos situaciones de extrema gravedad, niños sin acompañamiento porque su madre fue secuestrada y su padre asesinado. Quedaron dos niños en un municipio sin acompañamiento, profesores confinados que se estaban alistando para el inicio de clases, 20 personas secuestradas: entran casa por casa y a quien identifican como posible o señalado de apoyar al Frente 33, pues lo sacan, lo secuestran y lo matan. Hay líderes que están ocultos, hay líderes campesinos que han asesinado; entonces aquí tenemos que responder de inmediato con acciones humanitarias que permitan proteger a la población civil”.
No obstante, Marín sostiene que la reacción del Estado hubiese podido ser otra y prever esta situación que en cualquier momento podía escalar. “Con el ministro del Interior tenemos una fluidez de comunicación muy importante; de hecho, teníamos previsto hacer una visita al Catatumbo justamente en seguimiento de esta alerta temprana. Sé que no es fácil porque la situación es de extrema gravedad y son grupos armados fuertes y violentos; pero sí creo que hubiéramos podido hacer más y que el Gobierno hubiera podido articular mejor la respuesta allá en el territorio”, subrayó.
Y aunque, según la defensora, los ceses al fuego si han aliviado las disputas en las zonas conflictivas, han sido temporales, pues los grupos armados tenían un acuerdo muy frágil que cualquier disentimiento podía romper. “Había un acuerdo de coexistencia, también hubo antes un cese al fuego con el ELN y un cese al fuego con estas disidencias y mientras que se respeta y se mantiene sí hay un alivio en los efectos sobre la población civil y eso además lo destacan las comunidades. Lo que también estamos viendo en el sistema de alertas tempranas y no tenemos información que uno pueda atribuir una causalidad a los ceses al fuego, es un fortalecimiento de los grupos”, concluyó.
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