Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar el proceso contra Álvaro Uribe a la Fiscalía , son muchos los interrogantes y variadas las hipótesis.
Desde distintas orillas se especulan salidas jurídicas sobre el accidentado tránsito del caso al ente investigador. El asunto más sensible es la libertad de Álvaro Uribe.
Para Carlos Arturo Gómez Pavajeau, exviceprocurador general, “como no hay título jurídico válido para mantenerlo detenido, mi opinión es que debe decretar motu proprio la libertad inmediata del presidente porque en estos momentos no tiene respaldo alguno su privación de la libertad”.
El penalista Álvaro Rolando Pérez sostiene que, una vez el proceso llegue al ente investigador, Uribe Vélez quedaría oficialmente imputado. Entonces, el fiscal del caso tendría 90 días para acusarlo de los delitos de fraude procesal y soborno.
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“El punto en el que se debe iniciar esta nueva competencia de la Fiscalía es después de la decisión de solicitud de medida de aseguramiento. Es decir, hoy el expresidente se encontraría ante la Fiscalía igual que abandonó la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la defensa tiene muchas herramientas todavía para lograr la libertad de Álvaro Uribe y que el fiscal se pronuncie archivando, precluyendo”, señala.
El tema de la recusación del fiscal general Francisco Barbosa tampoco es claro.
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Además de esta catarata de interrogantes, un dato final: en mayo de 2019, el expediente Uribe le correspondió al magistrado de la Corte Suprema César Reyes. Durante 14 meses lo estudió de cabo a rabo para presentar una ponencia de 1.554 páginas que resolvió su situación jurídica ordenando detención domiciliaria.
En ese contexto, ¿cuánto tardará el fiscal del caso en estudiar nuevamente todo este expediente?
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