El Gobierno expidió la reglamentación para garantizar la participación de las víctimas que aspiran a obtener una de las 16 curules de paz en el proceso electoral del 2022.
El decreto que consta de 22 artículos deja claro que quienes hayan suscrito acuerdos de paz o se hayan desmovilizado de manera individual en los últimos 20 años no podrán ser candidatos.
Tampoco los elegidos o avalados por partidos políticos o movimientos con representación en el Congreso.
Quienes no cumplan las reglas y sean elegidos podrán recibir sanciones como la pérdida de investidura y la curul no será reemplazada.
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“Las víctimas que han sido flageladas por la violencia merecen tener voz y voto”, indicó el presidente Iván Duque.
Según el gobierno, a la reglamentación se le puso todas las salvaguardas para evitar que las curules queden en manos de victimarios.
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“Una específica tiene que ver con la participación del alto comisionado para la paz que va a certificar que ninguno de los que formarán parte de los grupos de excombatientes pueden tener ese acceso”, indicó Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización.
Pero, para la Misión de Observación Electoral, el foco ahora debe estar puesto en las garantías de seguridad para las víctimas que van a hacer política.
“Van a hacer campaña electoral donde hay presencia de grupos ilegales, economías ilegales y donde hoy tenemos hechos de desplazamiento forzado, confinamiento, masacre y dominios por parte de diferentes tipos de ilegalidad”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.
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Y es que las victimas tendrán que hacer sus campañas en zonas rurales de 170 municipios de 13 departamentos blanco del conflicto.
Para participar deberán estar inscritos ante la Registraduría Nacional por organizaciones sociales, campesinas, de mujeres o consejos comunitarios, resguardos y autoridades indígenas. También estar registrados ante el Ministerio del Interior y haber nacido o vivido en el territorio tres años consecutivos antes de la elección.
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Que realmente sean víctimas
Algunas mesas regionales de víctimas piden que las personas que aspiren y lleguen al Congreso realmente estén acreditadas y cumplan todos los requisitos requeridos dentro del decreto.
"La invitación es a revisar muy bien este decreto y que las personas que lleguen al Congreso de la República a representarnos como víctimas realmente sean víctimas, realmente hayan sufrido cualquier hecho victimizante", señaló Fernando Mancera, líder de la organización de víctimas.
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Finalmente, las víctimas de la fuerza pública respaldan la firma del decreto, pero hacen un llamado al Gobierno nacional.
“Esperamos que cerca de las 370.000 víctimas de la fuerza pública tengan participación, sean completamente incluidas en las circunscripciones territoriales”, indicó Yineth Valoyes Valoyes, directora de la Corporación Milvíctimas.
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Actualmente en Colombia hay inscritas en el Registro Único de víctimas del Conflicto Armado 9.165.126 víctimas, de las cuales 7.367.192 se encuentra en proceso de atención o reparación.