El código electoral cumplió la mitad de su trámite en el Congreso de Colombia.
Le restan dos debates para ser aprobado. Sin embargo, varios senadores hicieron advertencias sobre artículos que podrían generar riesgo, como el pago del transporte para el día de las elecciones.
Este punto establece que sea gratuito el transporte público, pero además gira dinero a los gobernadores y alcaldes para que lleven a la gente a los puestos de votación.
Desde varios sectores afirman que esto sería peor de lo que pasa actualmente, y es que los políticos pagan buses para llevar a la gente a votar y, de ser aprobado el código electoral, lo harían los mismos mandatarios locales para beneficiar al candidato de su preferencia.
“No me gusta que terminaron diciendo que la plata del Gobierno nacional la manejan los alcaldes y gobernadores, entonces imagínense un alcalde y un gobernador llevando la gente a votar ahora por su candidato, pero de manera legal. Eso era justamente lo que queríamos prevenir. Yo por eso quiero insistir en el bono, que se le reconozca a la gente con Sisbén y que reciba de plata del Estado un bono que le repone lo que gastó en transporte, creo que eso es más limpio y genera menos sensación de persecución”, manifestó Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático.
También hay cuestionamientos sobre el costo del código electoral, ya que no tiene concepto de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda.
Otro punto criticado es el que muchos califican como burocracia, ya que profesionaliza varios cargos técnicos de registradores municipales y les sube el sueldo significativamente.
Uno de los puntos de mayor debate del código electoral es el del voto electrónico mixto, que consiste en que el sufragante marca su voto en una máquina, esta imprimiría un tarjetón con la elección y esto sería depositado en una urna.
Hay parlamentarios que lo cuestionan porque, dicen, abre la puerta a la manipulación del voto a través del software que va a ser implementado. Además, tiene un alto impacto fiscal porque costaría un estimado de 9 billones de pesos y se aprobó que su implementación sea a partir del 2029.
“El riesgo más grande es no tener la posibilidad de verificar la intención del elector a la hora de votar porque, como hay un software, como adicionalmente hay un seguimiento al mismo, ese puede ser modificado en cualquier parte, inclusive utilizando tecnologías como el blockchain, motivo por el cual es indispensable que el elector pueda expresar su decisión en una papeleta”, indicó David Luna, senador por Cambio Radical.
El código electoral también ha sido cuestionado por artículos como el manejo de la información, ya que la Registraduría exigirá que todos los votantes pongan la dirección de su domicilio.
El proyecto avanza en una carrera contrarreloj, porque se deben esperar 15 días, desde la aprobación del martes, para que pueda entrar a su tercer debate, y de ahí en adelante tendría menos de un mes -hasta el 20 de junio- para ser aprobado.
Por ser una ley estatutaria, la iniciativa del código electoral no puede ser debatida en sesiones extraordinarias.
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