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¿Cuáles son las probabilidades de que Felipe Córdoba llegue a la Procuraduría?

Al parecer, Felipe Córdoba, excontralor, tendría problemas para llegar a la Procuraduría, pues expertos dicen que no cumpliría con los requisitos relacionados a la experiencia de 15 años.

¿Cuáles son las probabilidades de que Felipe Córdoba llegue a la Procuraduría General de la Nación?

En tan solo 7 meses se deberá posesionar quien será el nuevo procurador general de la Nación. Hay polémica por la posibilidad de que el excontralor, Felipe Córdoba, se postule. Algunos dicen que él no cumple con los requisitos.

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El 25 de enero de 2025 entrará en funciones el nuevo procurador elegido de una terna conformada por un candidato del Gobierno nacional, otro del Consejo de Estado y uno más de la Corte Suprema. Deberá escoger el Congreso de la República.

Aunque no hay un sonajero claro de candidatos, el excontralor Felipe Córdoba ya puso su nombre a sonar. Su postulación, sin embargo, tendría problemas, pues para algunos sectores él no cumple los requisitos relacionados con la experiencia de 15 años, ya que tan solo en 2021 habría logrado su grado de abogado.

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Noticias Caracol conoció que Felipe Córdoba estaría interesado en que se validaran sus títulos profesionales de abogado e internacionalista para poder acreditar experiencia. Para ello hay algunos magistrados que lo apoyan.

En su momento, el expresidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, le pidió al ministro del Interior resolver esta duda a través de una consulta que cursa en el Consejo de Estado y que cita la ley 2119 de 2021 sobre la inserción laboral para jóvenes, que dice que sí se pueden convalidar títulos universitarios para ser contratados.

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Esta tesis está demandada ante la Corte Constitucional por Jol Gaona, un abogado que señala que, por ninguna circunstancia, esta norma puede permitir a ningún candidato acreditar estudios para ser procurador.

“Que esa regla de homologación no se le aplique a quien pretenda ser designado procurador. Esto porque el procurador tiene unas funciones esenciales, entre esas, hacer cumplir la Constitución, la ley y las sentencias judiciales. Debe tener las mismas calidades ante las autoridades con quien va a ejercer su cargo, en este caso, los magistrados de la Corte Constitucional. En ese sentido, a quien pretenda ser magistrado de la Corte Constitucional se le exige que tenga 15 años de experiencia en formación jurídica”, dijo Gaona.

El abogado plantea que, si bien Felipe Córdoba ha ejercido cargos importantes, estos no serían válidos como experiencia, tal como el ejercido en la Contraloría.

“Puede ser experiencia importante, pero no cumple con la exigencia constitucional que tenga relación con el Ministerio Público, en este caso con funciones afines a la Procuraduría General, y mucho menos cumple con experiencia en temas jurídicos desde su graduación como abogado”, agregó Gaona.

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Juan Carlos Novoa, exviceprocurador, señaló que la experiencia debe ser calificada: “A los empleos de la Rama Judicial se refiere, en la práctica, a los jueces, magistrados de tribunal, magistrados de alta corte y demás empleos que coadyuvan a administrar justicia. Los órganos de control, ninguno hace parte de la Rama Judicial, estos son organismos independientes que no hacen parte. Solamente la Fiscalía podríamos decir que hace parte, pero no la Procuraduría, tampoco la Contraloría”.

Para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que no se busque respetar la experiencia de 15 años en la Rama Judicial es una burla: “Todos sabemos el doctor Córdoba no era abogado, hizo su carrera exprés, incluso salió doctorado en tiempo récord, pero no cumple con estos requisitos. Sacaron una norma, en mi opinión contraria a la Constitución, que dice que cuando hay doble título la experiencia se puede autorizar por cualquiera de los dos. Esto es una burla para la Constitución. Eso no debe suceder en un organismo de control.

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Noticias Caracol conoció que la Sala de Consulta del Consejo de Estado sesionará este martes para tratar el tema. Lo cierto es que cuando tome la determinación se la comunicará al Gobierno nacional, que deberá tomar la decisión de si lo hace público, o no.

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