¿Cuál será el futuro político de los exguerrilleros imputados por la JEP que están en el Congreso?

La Justicia Especial para la Paz imputó a ocho miembros del secretariado de las extintas FARC por delitos como toma de rehenes y lesa humanidad por privaciones de la libertad, asesinatos, torturas, desapariciones y abusos sexuales.

En contexto: JEP imputa a ocho exmiembros de las FARC por secuestro

Una de las dudas que surge a raíz de esta decisión de la JEP es cuál será el futuro de los exintegrantes de esa guerrilla que hoy están en el Congreso, como el caso del senador Julián Gallo.

Los ocho imputados -no todos congresistas- tienen dos caminos. El primero lo explica la representante a la Cámara Juanita Goebertus, quien hizo las veces de asesora en el proceso de paz con las FARC .

“Si reconocen responsabilidad, el caso pasa a la sección con reconocimiento de responsabilidad que deberá imponer la sanciones. Esa sanción tendrá, si reconocen responsabilidad, un componente de restricción efectiva de la libertad de hasta ocho años”, señaló.

También aclaró que “no es carcelario, seguramente se parecerá a alguna especie de colonia agrícola. Como quedó en el acuerdo, tendrán que estar bajo un mecanismo de monitoreo y vigilancia con participación de Naciones Unidas y no podrán salir de un perímetro específico”.

Pero cualquiera de los exjefes del secretariado puede decirle a la JEP que no acepta haber cometido alguno de los delitos y, según Juan Carlos Henao, también asesor jurídico en los acuerdos de paz, ahí “se va por la parte controversial que tiene la JEP”.

En esa instancia, el tribunal de paz dirá “yo lo voy a acusar formalmente y ahí es donde usted va a encontrarse en el riesgo que sea condenado a 20 años de prisión”.

No obstante, esta decisión de la JEP va más allá. Con este proceso está en riesgo el futuro político de los exjefes guerrilleros que se encuentran en el Congreso, como es el caso del senador Julián Gallo, señalado por la JEP de ser coautor en toma de rehenes, homicidio y desaparición forzada, delitos calificados por la Jurisdicción Especial para la Paz como de lesa humanidad.

Para Juanita Goebertus, la JEP debería expulsar del Legislativo a los miembros del hoy partido Comunes: “una vez los sancionen deberían estar participando en política personas que no estén cumpliendo sanciones en ese momento, de tal forma que quien esté cumpliendo la sanción efectivamente está, si reconoce responsabilidad, ocho años en un lugar de restricción efectiva de la libertad”.

El constitucionalista Juan Manuel Charry afirmó que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que las personas señaladas de cometer delitos de este tipo que actualmente estén en algún cargo público deben ser inhabilitadas.

“Las inhabilidades constitucionales son aplicables a todas las personas, incluyendo a aquellos que son beneficiarios de las figuras que se acordaron en La Habana, de manera que los congresistas que tienen curules en virtud del acuerdo les es aplicable las inhabilidades del artículo 179 y 180 de la Constitución”, explicó.

El senador Julián Gallo se mostró tranquilo y aseguró que, a pesar de que muchos sectores los quieren ver fuera del Congreso, ellos podrán seguir sentados en el Legislativo y manifestó que muchos de los cargos de los que lo acusan serían objetados por sus abogados.

“Es una evaluación que tendremos que hacer porque los informes que entregó la Fiscalía, que entregaron las fuerzas armadas, que entregaron las víctimas, no hay un solo informe que me señale a mí particularmente. Pero quiero decir que más allá de eso y de la comparecencia que hicimos, asumimos responsabilidades porque fuimos parte de la dirección del bloque Jorge Briceño y este modelo de justicia más que juzgar hechos puntuales lo que quiere hacer es enviar un mensaje”, indicó.

Lo cierto es que el partido los Comunes (antes partido FARC) tendrá aseguradas diez curules hasta el año 2026, pero a partir de ese año tendrán que buscar los votos necesarios para alcanzar la personería jurídica y así poder constituir como partido.

En caso de que la JEP determine que Julián Gallo debe salir del Senado, su silla podrá ser ocupada por otro integrante del movimiento.