Algunos condenados en el escándalo de Centros Poblados están a punto de cumplir sus penas, mientras que la investigación a Karen Abudinen fue archivada. Sin embargo, todavía no se han podido recuperar los $70.000 millones del mega contrato que dejó a miles de niños sin internet.
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Entre los principales protagonistas de este escándalo se encuentra el cerebro del entramado Emilio Tapia, un viejo conocido de la justicia por el carrucel de la contratación, quien deberá enfrentar un juicio en su contra luego de que en mayo pasado se cayera una negociación que se estaba tejiendo con la Fiscalía.
Tapia ofreció un inmueble que tenía su nombre en Antioquia; pero esto no fue suficiente para recuperar los 70.000 millones de pesos perdidos en el contrato. Tapia deberá enfrentar un juicio por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. El zar de la contratación aún sigue detenido.
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¿Qué pasó con la investigación de la exministra Karen Abudinen?
En medio del escándalo se conoció que en septiembre del 2021 se interpuso una denuncia contra la exministra Karen Abudinen por parte de la Veeduría de la Rama Judicial en Cartagena, por las presuntas irregularidades que rodearon el contrato.
Esta denuncia cayó en manos del fiscal Gabriel Jaimes. Sin embargo, fue poco el avance en materia penal contra la exministra, quien siempre argumentó que no tenía conocimiento del millonario contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC.
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Juan José Laverde y Luis Fernando Duque son los únicos condenados en el escándalo de corrupción. Según la Fiscalía, Laverde fue el encargado de tramitar las pólizas falsas para lograr la adjudicación del contrato y fue condenado a cuatro años de cárcel.
En julio del año pasado, a cambio de aceptar los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, Laverde reintegró $186 millones. Mientras que Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, también fue condenado a cuatro años de cárcel a cambio del pago de una multa de $7.000 millones.
Otros de los investigados son el empresario Juan Carlos Cáceres y Ottomar Lascarro, cuyos procesos aún avanzan en la Fiscalía.
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