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¿Cortocircuito entre altos funcionarios del Gobierno? Lo ocurrido en Caquetá generó dudas

Según los especialistas, la situación que tuvo lugar en San Vicente del Caguán, Caquetá, podría “enviar un mensaje negativo a la moral de la fuerza pública”.

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Siguen las reacciones al trino del presidente Gustavo Petro en el que asumió la responsabilidad de lo ocurrido con 78 policías en San Vicente del Caguán, Caquetá. Para los analistas, hay un cortocircuito entre el jefe de Estado y los altos funcionarios del Gobierno.

En su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro indicó que él es “el único responsable de las acciones en Los Pozos, Caquetá”.

Además, sumó que responderá ante la justicia militar por las instrucciones impartidas de no atentar contra la población civil: “Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de Policía en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil”.

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“En efecto, el presidente puede reconocer la responsabilidad por los hechos en tanto él es el comandante de las Fuerzas Militares y de Policía”, dijo Felipe González, investigador de Cerac.

Entretanto, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, indicó que la “responsabilidad penal y disciplinaria es individual” y que “los procesos sancionatorios los define la ley, no los gobernantes”.

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Tras la polémica, el juez 181 de instrucción penal militar, que 24 horas antes había dictado una orden de captura contra el comandante de la Policía de Caquetá, el coronel Javier Antonio Castro, decidió revocar la medida y en cambio fijar una indagatoria a final de mes.

A lo anterior se suma un presunto cortocircuito entre los funcionarios del Estado.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha hecho todas las maromas semánticas para decir que esto se trató de un cerco humanitario, cuando realmente se trató de un secuestro, como lo dijo el director nacional de la Policía”, sostuvo Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá.

Según Andrés Macías, docente de la Universidad Externado, esta situación podría “enviar un mensaje negativo a la moral de la fuerza pública”.

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Por ahora, la justicia ordinaria tendrá la tarea de investigar la muerte de un policía y un campesino durante los hechos registrados el jueves 2 de marzo de 2023 en San Vicente del Caguán.

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