En un hecho histórico en Colombia, por primera vez un expresidente de la República es cobijado con medida de aseguramiento. La decisión recae sobre Álvaro Uribe Vélez y fue tomada por la Corte Suprema de Justicia, bajo cargos de manipulación de testigos.
Así reaccionó el exmandatario a la medida de aseguramiento domiciliaria:
La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020
El proceso por el que es investigado el ahora senador Uribe Vélez inició en 2014, cuando el expresidente denunció al congresista Iván Cepeda por supuestamente pedir a exparamilitares testificar en su contra a cambio de beneficios.
En 2018, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia archivó esta investigación contra Cepeda y abrió indagación al exmandatario por presunta manipulación de testigos.
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¿La razón? Hubo sospechas de que las cosas fueron al contrario, que con sobornos, aparentemente, se buscó enlodar a Cepeda. Así las cosas, el congresista del Polo Democrático pasó de ser acusado a convertirse en víctima.
Por tal proceso, Uribe Vélez acudió a indagatoria el 8 de octubre de 2019. Allí negó cualquier responsabilidad.
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El abogado Cadena
Una de las fichas claves del proceso es el abogado Diego Cadena, quien trabajó para Uribe Vélez y es señalado de dar dinero a testigos para que declararan en contra de Iván Cepeda.
Como parte de esta investigación, la Corte Suprema ha analizado 27.000 horas de grabación y escuchado a 43 testigos, entre ellos a cinco exjefes paramilitares.
Uno de ellos, Carlos Enrique Vélez -alias ‘Víctor’-, afirmó que Cadena lo visitó en la cárcel de Riosucio, Caldas, para ofrecerle dinero a cambio de que diera versiones favorables al expresidente.
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Frente a este señalamiento, el abogado asegura que el dinero entregado al exparamilitar tenía fines humanitarios y en ningún caso fue un soborno para comprar testimonios.
Según la Fiscalía General, Cadena ofreció $200 millones para conseguir declaraciones falsas. De estos, dice el ente investigador, $48 millones llegaron a manos de Carlos Enrique Vélez.
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“Manifiestan los ciudadanos que el doctor Cadena se presentó a los establecimientos penitenciarios ya con documentos realizados con su membrete y que lo único que solicitaba era la firma de los mismos”, apuntó la Fiscalía.
El abogado Juan José Salazar, socio de Cadena, también resultó salpicado por supuestamente ayudar en los contactos con los presidiarios.
En medio de todas las pruebas que analiza la Corte Suprema de Justicia, Jaime Granador, abogado de Álvaro Uribe, sostiene que, “frente a lo que se ha hecho público en el caso del abogado Diego Cadena, ha quedado claro que en nada el presidente tuvo conocimiento de lo que a él se le imputado, ni lo autorizó, en consecuencia”.
Es decir, según el exjefe de Estado, Cadena actuó de manera independiente y sin consultarle los movimientos que hacía con los exparamilitares.
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