La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió el proceso contra el exsenador Richard Aguilar, recientemente capturado, a la Fiscalía General de la Nación, al considerar que ya no tiene competencia para llevar el proceso por supuestas irregularidades en contratos firmados cuando fue gobernador.
El exgobernador fue detenido por considerarse que podría estar influyendo para obstruir la investigación en su contra, así como por el presunto ofrecimiento de dinero a los principales testigos buscando su silencio y que habría hecho Julián Jaramillo, amigo y director de infraestructura durante la administración de Aguilar.
“Julián Jaramillo se atrevió a visitar a los esposos Toledo Pardo en su residencia para ofrecerles 2.800 millones de pesos recogidos por todos los involucrados en las investigaciones de la Fiscalía, de Corte, con el fin de obtener la aprobación de un preacuerdo a cambio de no señalarlos en sus declaraciones incriminatorias, incluidos el señor Richard Aguilar”, detalló el alto tribunal.
La investigación de la Corte Suprema de Justicia contra Richard Aguilar
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En el documento también se describe la falsificación de un texto fundamental en la adición al contrato para el reforzamiento de la Villa Olímpica que había desaparecido y que la actual administración entregó, aunque lo que descubrió la Corte Suprema de Justicia fue inesperado:
El actual secretario de Planeación de la Gobernación de Santander, señor Javier Orlando Acevedo Beltrán, remitió por correo electrónico el documento extrañado, pero la Policía Judicial evidenció que se trataba de un documento espurio creado el 18 de diciembre de 2020, habida cuenta que el original fue enviado a la Corte por el Ministerio del Deporte el 30 de marzo de 2021 con fecha de creación original del 2 de diciembre de 2014.
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En la investigación, el alto tribunal también evidenció que Richard Aguilar intentó beneficiar a un primo de su padre, el coronel Hugo Aguilar, con un contrato para la vía San Gil-Charalá. Sin embargo, dice la corporación, un error en los trámites llevó a que la adjudicación se hiciera a otro aspirante.
La Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Troncal La Libertad era el grupo empresarial del que hacía parte como empleado el señor Aureliano Naranjo Salamanca, primo hermano del padre del aforado investigado coronel en retiro Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, grupo y persona que, según Claudia Toledo, cometieron errores en los trámites y cumplimiento de requisitos del proceso licitatorio, razón por la cual el interés del aforado en el contrato y su adjudicación se vio truncado.
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En la medida de aseguramiento contra Richard Aguilar, la Corte hace este duro cuestionamiento: “En lugar de utilizar su alta investidura en la consecución de objetivos sociales comunes, la había empleado para favorecer mezquinos intereses particulares de amigos y socios en el delito, modalidad de conducta que, sin lugar a dudas, pronostica un muy probable comportamiento futuro coherente con sus conductas pasadas defraudando de nuevo la sagrada investidura del servidor público que actualmente ostenta como senador de la República”.
En su defensa, Richard Aguilar ha dicho que no fue el ordenador del gasto y que, si hubo coimas, fue a sus espaldas.
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