La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por 24.315 millones de pesos que vincula a Olmedo López, exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, y Luis Fernando Velasco, actual ministro del Interior.
El proceso se relaciona con las presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos de construcción en el proyecto de vivienda Sauces II, en Mocoa (Putumayo), el cual pretendía la edificación de 909 hogares.
La Contraloría precisó que los vinculados son los exdirectores Eduardo José González, Javier Pava Sánchez y Olmedo López Martínez.
Asimismo, en calidad de encargados, también están siendo indagados Fernando Carvajal Calderón, Gerardo Jaramillo Montenegro y Luis Fernando Velasco.
Además, al proceso fiscal fue vinculado como presuntos responsables Juan Carlos Orrego, exsubdirector general de la UNGRD, y los contratistas Consorcio Mocoa 2019 y sus integrantes Arquitectos Ingenieros Contratistas -AICON S.A.S Constructora Muraglia S.A. y Corporación Ambiente Colombia.
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La Contraloría General de la República puntualizó que realizó dos audiencias públicas en Mocoa para “llamar la atención sobre el desastre en el que se convirtió la reconstrucción de los daños ocasionados por la avalancha de 2017”.
El ente regulador precisó que el contrato Proyecto Sauces II fue celebrado en el marco de la declaratoria de emergencia debido al déficit de vivienda para los damnificados de la trágica avalancha que se produjo en la capital de Putumayo el 31 de marzo de 2018.
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Por estas irregularidades, se determinó un daño inicial por la suma de más de $18.000 millones, “valor que no se ve reflejado en la ejecución de las viviendas que aún no han sido entregadas”.
Contraloría afirma que hay un detrimento patrimonial
“Como consecuencia de la no entrega oportuna de las viviendas que integran el Proyecto Sauces II, se ha causado un detrimento patrimonial por la prolongación en el pago de subsidios que se han tenido que continuar reconociendo a los damnificados beneficiados con este proyecto. Este daño está estimado inicialmente en la suma de más de $5.000 millones”.
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