Contra el presidente Gustavo Petro no hay una acusación formal, recalca exfiscal Gómez Méndez

El exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez habló sobre el proceso que inicia en la Comisión de Acusaciones contra el presidente Gustavo Petro. Resaltó que “no es una acusación formal” al jefe de Estado.

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La investigación solicitada por la Fiscalía General de la Nación es por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego, a raíz del interrogatorio a su hijo Nicolás.

¿Qué sigue tras la compulsión de copias que hace la Fiscalía General de la Nación?
Alfonso Gómez Méndez: Esto tiene el antecedente del llamado proceso 8.000, cuando el fiscal de la época envió a la Comisión de Acusaciones unos indicios contra el entonces presidente Ernesto Samper. Hay que precisar que, en ese caso como en este, el fiscal no tiene competencia para investigar al presidente, y por eso cuando aparece algún indicio lo único que puede hacer es eso. No es una acusación formal, sino simplemente enviarlo a la Comisión de Acusaciones, donde comienza el proceso contra un presidente en Colombia. O sea, la competente no es la comisión, es el Congreso, el Senado de la República, particularmente según la Constitución.

Lo que ocurre es que el primer paso es en la comisión. En el caso del expresidente Samper, esa comisión tuvo un primer caso de archivo, luego se revocó, fue a la plenaria de la Cámara y la plenaria de la Cámara precluyó la investigación, lo que quiere decir que no se dio el siguiente paso, que es enviarlo al Senado con una acusación ahí sí formal de la Cámara ante el propio Senado de la República.

¿Qué es lo que pasa? La desconfianza de la ciudadanía está plenamente justificada. ¿Por qué? Porque ese mecanismo constitucional en Colombia no ha funcionado, porque el Congreso es un organismo político y toma decisiones políticas. Hay una contradicción en los términos de la Constitución cuando habla de las funciones judiciales del Congreso. De hecho, en el caso de Samper, quienes fueron por la preclusión fueron sus amigos políticos y quienes se expresaron por la continuación del proceso fueron sus enemigos políticos.

En este caso no se ha ido más allá, no hay una acusación formal contra el presidente Petro. Eso va a la Comisión de Acusaciones.

Yo he venido sosteniendo en mis columnas que hay que cambiar totalmente ese sistema. Como está, está garantizada la impunidad política, no solamente en este caso, sino en todos los anteriores en la historia reciente de Colombia.

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¿Es posible que con esta compulsa en la célula legislativa se pueda dar algún tipo de presiones hacia el presidente de la República en medio de todos los proyectos que cursan en el Congreso?
Alfonso Gómez Méndez: Es probable que haya ese juego político entre el presidente y sus jueces, en este caso. En el caso del presidente Samper se habló de que hubo personas que recibieron, qué sé yo, dádivas del gobierno, eso no estuvo tan plenamente establecido. Pero lo que está mal es el sistema. Mientras tengamos este sistema, en este y en ningún caso se va a llegar a la verdad. Hay que decir que en la Comisión de Acusaciones hoy quedan como aforados no solamente el presidente, el fiscal general, los magistrados de las Altas Cortes. Aquí lo que hay que buscar es un mecanismo distinto. O sea, un tribunal de verdad frente al presidente, al fiscal y a los magistrados, y sin la necesidad de este antejuicio político.

El indicio aquí tiene que ver con el interrogatorio de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, quien habló ante la Fiscalía General de presuntos ingresos de dinero irregular a la campaña presidencial. Teniendo en cuenta que fue una colaboración fallida que hoy ya no existe, ¿este elemento puede ser usado como prueba en el marco de esa compulsa ante la Comisión de Acusaciones?
Alfonso Gómez Méndez: Sí, haciendo una precisión. Uno, que en verdad la Fiscalía no tiene facultad para investigar al presidente de la República, eso es claro. Pero el investigador puede tomar elementos para, por otras vías, corroborar o no lo que pudo pasar. De hecho, en el caso del llamado proceso 8.000 esto se inició con una interceptación ilícita, porque de hecho la comunicación entre los Rodríguez y Alberto Giraldo no estaba autorizada. Pero lo que hizo la Fiscalía en los demás casos, no en el del presidente, porque no es competencia, fue verificar por otros medios, es decir, en este caso la Comisión de Acusaciones puede tomar este elemento como una especie de indicio, no como pruebas plenas, para verificar si lo que allí se dice es cierto. Así pasó también con el llamado miti miti, en donde la interceptación era ilegal. La Fiscalía lo que hizo fue por otra vía corroborar en este caso, así fue lo que allí pasó. Eso es lo que puede hacer la Comisión de Acusaciones o el Congreso, si es que eso llega a la plenaria de la Cámara primero y luego al Senado. Y finalmente, si eso avanza, a la Corte Suprema de Justicia.

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