Las marchas convocadas este martes, 14 de febrero de 2023, por el presidente Gustavo Petro provocaron en las últimas horas una carta del Consejo Gremial al mandatario, en donde le solicitan mantener la institucionalidad y no usar las calles para discutir reformas trascendentales para el país.
Esa carta sorprendió a más de uno en Palacio porque, hace tan solo una semana, el mandatario se había tomado un café con el representante de los gremios, para hablar de otra preocupación de los empresarios: las decisiones que anunció el Gobierno sobre los servicios públicos, pero en ese encuentro no se mencionó nada sobre las marchas de este martes.
Esa reunión, que fue cordial en su momento, generó molestia entre algunos dirigentes gremiales porque se enteraron de ella a través de Twitter y no por el doctor Germán Arce, presidente del Consejo Gremial.
Ante esto, el presidente del Consejo Gremial respondió: “Si el presidente me cita, tengo que responder rápido e ir a verme con el mandatario porque para eso me eligieron, para tender puentes con el Gobierno”.
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Este detrás de cámaras dejaría en evidencia dos cosas: una, que no pareciera haber unidad en el hasta ahora muy sólido Consejo Gremial. Y dos, que, en medio de esa fisura, a Arce le tocó firmar la carta sobre las marchas, no porque quisiera, sino por decisión de las mayorías.
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La carta de varios exministros de Minas al presidente Petro
El pasado lunes, 13 de febrero, a través de una carta, 17 exministros
de Minas del país como María Lorena Gutiérrez, Amylkar Acosta, Tomás González, German Arce y Mauricio Cárdenas, entre otros, le pidieron al presidente Gustavo Petro reevaluar su decisión de retomar las facultades reguladoras de la Creg, pues consideran que, de llegar a materializarse, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos.
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Insisten, no solo los exministros, sino 8 exdirectores de la Creg, que también firman la carta, que "el patrimonio institucional del sector energético colombiano no pertenece a un gobierno en particular, ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos. Es el producto de 30 años de discusiones entre gobiernos, academia, empresas y usuarios. El sector ha podido superar eventos climáticos severos, atentados violentos contra la infraestructura eléctrica y la crisis financiera de varias electrificadoras, entre otros. Esta evolución y aprendizaje es un patrimonio institucional del país”.
En esa comunicación, expertos del sector energético de todas las corrientes políticas y de distintos gobiernos le insisten al presidente Petro que lo que puede estar en riesgo al no respetar la institucionalidad es la seguridad energética de Colombia.