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Este miércoles, el Congreso aprobó en último debate la prórroga de la ley de orden público, columna vertebral de la paz total del Gobierno nacional.
Tal y como quedó este acuerdo abre la puerta para que el presidente tenga la potestad de hacer una negociación con grupos de carácter político, grupos armados ilegales, particularmente, en este caso ELN y disidencias que no se hayan acogido o suscrito al acuerdo de La Habana. En el caso de las bandas criminales, la figura será de acogimiento.
Sin embargo, ha dicho la oposición que en este texto no es claro qué pasaría con el caso de Iván Márquez, desertor del proceso.
También se abre la posibilidad la región de paz, el gabinete de paz, que organizaciones humanitarias tengan contacto con grupos armados ilegales y también se abre el servicio social para la paz, esta posibilidad que será conciliada, precisamente, con el texto del Senado. Una vez termine la conciliación será el presidente Petro quien la sancione y convierta en ley de la República.
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