De los 2.319 proyectos radicados durante los últimos cuatro años, solo se aprobaron 267 en el Congreso de la República. Esta vez, apenas solo seis días después de instaladas las sesiones del nuevo Legislativo, a las secretarias de Senado y Cámara de Representantes han llegado más de 200 proyectos de ley, varios para reformar el funcionamiento de esa rama del poder.
Aunque durante años se ha hablado de reducción de beneficios que hoy tienen los congresistas y los intentos por disminuirlos han sido insuficientes, es hoy el propio Congreso quien de manera mayoritaria quiere reformar su forma de funcionamiento. Precisamente, la renovación en la política es una de las banderas del Partido Verde.
“Queremos disminuir los requisitos de edad para senadores y representantes a la Cámara: bajar la edad para lanzarse al Senado de 30 a 25, y bajar la edad para representantes a la Cámara de 25 a 18”, señala Catherine Juvinao, de esa colectividad.
Pero no es la única reforma en marcha en elCongreso. El Pacto Histórico también se la jugará por este tema, dicen, en cumplimiento de los electores que cambiaron la cara del Legislativo en un 70%.
Iván Cepeda explica que trabajarán para modificar “el problema de los periodos en los que un congresista puede estar en la corporación. En segundo lugar, vamos a limitar el receso vacacional que se hace especialmente al final de año y vamos a hacer mucho más drásticas las condiciones de pérdida de investidura con relación al ausentismo parlamentario”.
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El apretón también viene por parte de Cambio Radical. Aunque es uno de los partidos tradicionales con presencia en el Congreso, su reforma coincide en un punto con la del Pacto Histórico: quieren disminuir las vacaciones de los congresistas de cuatro a dos meses.
“La MOE en un estudio reciente demostró que el 57.1% de los proyectos radicados terminan hundidos por falta de tiempo, vamos a insistir en este proyecto de acto legislativo”, dijo el representante Julio César Triana.
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Otras iniciativas radicadas hoy buscan eliminar el requisito de tarjeta profesional, poner freno a los abusos en los contratos de prestación de servicios, erradicar la desnutrición y otro proyecto que impondría un mínimo de 42 de metros cuadrados para vivienda de interés social.