Pendientes de una tutela. Así están en el caso del expresidente Álvaro Uribe , cuyas audiencias en las que la Fiscalía pide su preclusión se han realizado esta semana.
En noviembre del 2020 el Juzgado cuarto Penal del Circuito de Bogotá aceptó que se le declarara formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno. Se amparó en el hecho de que aunque el exmandatario hubiera pasado de la Corte Suprema a la Fiscalía esto no implicaba que su proceso debiera empezar de cero, como lo solicitaba la defensa de Álvaro Uribe.
Hoy el caso no depende de la Fiscalía, que pide la preclusión, sino de una jueza, porque después de la imputación solo los jueces pueden precluir el proceso.
La defensa de Álvaro Uribe no ha quedado contenta y puso una tutela en la que alega que los derechos del expresidente han sido vulnerados porque su proceso, que ahora está a cargo de la Fiscalía, debe empezar de cero porque se adelanta bajo el sistema penal acusatorio.
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En caso de empezar de cero, la Fiscalía puede terminar el proceso de manera autónoma porque los fiscales pueden archivar las investigaciones antes de que haya imputación.
La semana pasada la Corte Constitucional seleccionó para su revisión la tutela y está en el despacho del magistrado Alejandro Linares.
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Si la Corte decidiera darle la razón a Uribe, el caso empezaría de cero y la Fiscalía decidiría sola qué hacer con ese caso, lo que podría resumirse en sería archivada.
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