Canciller (e) habló del contrato de pasaportes: "El secretario general no tenía competencia"

Luis Gilberto Murillo, canciller encargado de Colombia, habló sobre la adjudicación del contrato de los pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons y aseguró que el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue removido del cargo vía decreto de insubsistencia, "no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido" por Álvaro Leyva.

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“El despacho del ministro de Relaciones Exteriores conserva todas las facultades y deberes que la Constitución y la ley le atribuyen. El pasado 22 de febrero, de conformidad con el régimen institucional de la Cancillería, se decidió que la secretaría general retomaría el trámite del proceso licitatorio LP 003 de 2023 que aún está en curso para la elaboración y suministro de pasaportes. Esto se hizo con el fin de fortalecer la institucionalidad en la gestión de todos los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y demás de la Cancillería”, manifestó el canciller encargado.

Murillo manifestó que el proceso licitatorio de los pasaportes se suspendió para estudiar más de 500 observaciones de interesados en conseguir el contrato.

“El 23 de febrero se suspendió y se mantiene suspendido el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia. El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, quien declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023”, agregó el canciller encargado.

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Asimismo, Murillo indicó el accionar del saliente secretario general será examinado.

“El mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus acciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del canciller encargado. El 26 de febrero, el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro. Se está examinando con rigor su actuación al asumir una consecuencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599.000 millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario”, concluyó.

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