Cámara aprueba el proyecto de acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones

Luego de unas diez horas de intenso debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este lunes 2 de diciembre, con 124 votos a favor y 2 en contra, el proyecto de acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), el cual buscar aumentar los recursos que la Nación les transfiere a los departamentos del país.

El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Este sistema, que se alimenta de los ingresos corrientes de la Nación, "tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial", como explicó el Ministerio del Interior.

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Lo que plantea este proyecto es que estas transferencias pasen de cerca del 20% al 39,5% de los ingresos de la Nación a las regiones, hasta el 2038. Este será un periodo transitorio de 14 años para poder contar con territorios más descentralizados. Sin embargo, antes de convertirse en ley, este proyecto debe ser conciliado con el Senado, además de contar posteriormente con la sanción presidencial.

Eso sí, tanto el texto aprobado en el Senado como en la Cámara establece que la cifra pasará, de manera gradual, de 23,8% a 39,5%. Además, se condiciona la entrada en funcionamiento de la reforma a expedición de una ley de competencias.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, adelantó este mismo lunes que en los próximos meses habrá una ley de competencias, que es la que podrá determinar una regulación más clara sobre las responsabilidades del Estado y las entidades territoriales para este nuevo SGP que se aprobó en la Cámara.

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Este lunes, quedando solo el parágrafo 2 del artículo 1 de este proyecto de ley por debatir, la plenaria de la Cámara de Representantes dio su luz verde a la iniciativa. Cabe señalar que este parágrafo fue acordado entre congresistas de la plenaria, por las inconformidades que causó la interpretación de que las entidades territoriales tengan que asumir cargas en el sector educativo que podrían ser desproporcionadas para su actual capacidad de administración y ejecución.

Colprensa

Hay que decir también que, desde un inicio, esta fue una iniciativa cuestionada por algunos sectores, pues si bien reafirma la apuesta por reforzar la autonomía de las regiones, también implicaría un desequilibrio en la estabilidad fiscal de la Nación.

"Tenemos una deuda histórica con departamentos y municipios. En la Constitución del 91 fuimos generosos en materia de descentralización. Partimos del principio de que ese modelo centralista era un verdadero fracaso. Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios", dijo el representante a la Cámara del partido Liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto.