Este lunes, 10 de octubre, las comisiones primeras del Congreso aprobaron en primer debate la ley de orden público, considerada base de la paz total del gobierno de Gustavo Petro.
Los aspectos más polémicos en el debate de la ley de orden público están relacionados con la posibilidad de que el Gobierno nacional adelante diálogos con grupos criminales que tengan estatus político, el acercamiento con estructuras de crimen organizado y, entre otras, la facultad de algunas ONG de transitar por el territorio nacional y sostener contacto con grupos armados ilegales.
“Los beneficios jurídicos, sean estos indultos, amnistías, cesaciones de procedimientos, preclusiones de investigación, cada funcionario judicial revisa si es procedente o no que esa persona sea reconocida como miembro del grupo”, resaltó Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
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A su vez, el ministro del Interior, Alfonso Prada, destacó que “no es un tema de la organización cualquiera, cualquier tipo de organización, de una organización criminal, o algo parecido. No. Es una organización que tiene un registro previo del Estado colombiano”.
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Desde la oposición, congresistas del Centro Democrático expresaron sus preocupaciones sobre el proyecto, pues señalan que es como entregarle al presidente una carta blanca para negociar con grupos armados ilegales. Aseguran, además, que algunas de las negociaciones se podrían hacer a espaldas de la comunidad nacional e internacional, lo que abriría la posibilidad de que grupos de disidencias como las de Iván Márquez hagan parte de los acuerdos.
El proyecto de ley de orden público pasa ahora a las plenarias de Senado y Cámara.
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