Álvaro Uribe Vélez queda en libertad tras dos meses de detención

El expresidente Álvaro Uribe Vélez , que se encontraba detenido por presunta manipulación de testigos desde el 4 de agosto pasado, fue dejado en libertad este sábado luego de que la jueza 30 de control de garantías determinara que al procesado no se le ha surtido la imputación de cargos.

“La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden, y, en consecuencia, se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, sostuvo la jueza.

No obstante, aclaró que no se cuestiona la decisión de la Corte Suprema de Justicia ni su validez, por lo que en ese sentido llamó la atención al fiscal Gabriel Jaimes Durán.

Sostuvo también que la indagatoria que la Corte Suprema le adelantó en octubre de 2019 al exmandatario no es equivalente a la imputación de cargos.

El caso de Uribe Vélez quedó en manos de la justicia ordinaria luego de que el líder del Centro Democrático renunciara a su curul en Senado, el pasado 16 de agosto.

El expresidente reaccionó en su cuenta de Twitter con el mensaje "gracias a Dios".

Iván Cepeda, quien funge como víctima, anunció que apelarán la decisión y criticó al representante del ente investigador: “nos parece muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación, es evidente su parcialidad y por lo tanto consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas”.

Así las cosas, la investigación continuará con el exmandatario en libertad. Frente a esto, la Fiscalía había anunciado que revisará las pruebas practicadas por la Corte.

Esta fue la audiencia

El caso Uribe

La génesis del expediente se remonta al 17 de septiembre de 2014. Ese día el congresista Iván Cepeda promovió un debate de control político contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y presentó el testimonio del exparamilitar del Bloque Metro Juan Guillermo Monsalve.

Monsalve le narró al senador Cepeda, y después a la justicia, que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia del expresidente, se habrían promovido grupos de autodefensa a mediados de los años 90. En concreto señaló a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe, hoy enjuiciado por el caso de los 12 apóstoles, al ganadero Juan Guillermo Villegas y a Santiago Gallón Henao de patrocinar a estos grupos ilegales.

El resultado de ese debate

Ese mismo 17 septiembre de 2014, Uribe se ausentó del debate para denunciar a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Según él, tenía pruebas incontrovertibles de que el senador del Polo Democrático estaba fabricando testigos en su contra y ahí empezó la investigación.

Sin embargo, después de cuatro años, en febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que Cepeda no manipuló ningún testigo y, en cambio, sí estableció que la defensa del expresidente Uribe habría recurrido a esas prácticas para enlodar a su contradictor político. Se refería en particular a las movidas del abogado Diego Cadena.

El papel de Diego Cadena

Este abogado apareció en julio de 2017. En representación del expresidente Uribe, empezó sus visitas a las cárceles para entrevistarse con dos testigos claves en este proceso, ambos exmiembros del paramilitarismo: Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, y Juan Guillermo Monsalve.

Ellos declararon que Cadena les ofreció prebendas y dinero para que se retractaran de sus acusaciones y acusaran a Iván Cepeda de fraguar un montaje. Por estos hechos, el abogado Diego Cadena fue imputado por la Fiscalía por el delito de soborno.

Indagatoria en la Corte

Álvaro Uribe fue citado a indagatoria el 8 de octubre de 2019 y durante ocho horas respondió el cuestionario del magistrado instructor César Reyes. Uribe, al salir de la diligencia el año pasado, desautorizó a Diego Cadena en relación con los pagos que le hizo al testigo Carlos Enrique Vélez.

Aunque Cadena ha dicho que entregó esos dineros con fines humanitarios, la Fiscalía está segura de que lo que quería era torcer el expediente.

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