El primer punto del referendo propuesto por el expresidente Álvaro Uribe apunta a reformar la rama judicial del país.
"Se propondrían una o dos altas cortes y pronta justicia. Los magistrados serían mayores de 55 años para periodos personales de doce años", señala el expresidente.
Además, se crearía un tribunal de aforados especial para juzgar a congresistas y magistrados. Con el referendo la JEP sería derogada o reformada.
“Sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, pero se mantienen los beneficios judiciales. En todo caso se proponen garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas”, indicó.
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Congresistas que sean acusados de delitos de lesa humanidad, con la aprobación del referendo, serían expulsados del Legislativo.
Finalmente, el texto propone:
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- Ingreso solidario y bono pensional
- Subsidio a la matrícula
- Reducción del Congreso y del salario de los congresistas
- Máximo castigo a asesinos de líderes sociales
Sobre la propuesta ya hubo las primeras reacciones:
“Esto de lo que se trata no es de una reforma a la justicia sino es una especie de plebiscito para la impunidad de Álvaro Uribe”, señaló Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.
“Es inconcebible que quienes han confesado el crimen contra Álvaro Gómez Hurtado hoy sigan siendo congresistas”, dice el representante a la Cámara Edwin Ballesteros.
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“El señor Uribe lo que quiere es exponer una agenda que nada tiene que ver con las necesidades del país. Este país lo que está necesitando es más democracia”, indicó por su parte el senador por el Partido FARC Julián Gallo.
“Estoy de acuerdo con el ingreso solidario, la austeridad del gasto del Estado, con que se remunere al que cuide los recursos naturales y sobre todo los que ayudan al sector escolar, pero lo que si no me gusta es que se metan con la JEP”, recalcó por su parte el senador Armando Benedetti.
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Para el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, “es la fuerza política menos indicada y carente de autoridad moral para proponer un referendo”.
Para aprobar el referendo se deberán tener aproximadamente dos millones de firmas equivalentes al 5 % del censo electoral.