Al Congreso de la República llegó un proyecto de ley que causa mucha polémica. Se trata de una iniciativa mediante la cual se reglamenta el alquiler de vientres en Colombia.
En Colombia, anualmente, según la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, se realizan entre más de 400 procedimientos de gestación subrogada o alquiler de vientres. Un 70% de estos casos se concentra en Bogotá y el resto en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla.
El embarazo subrogado es reconocido por la Corte Constitucional, que lo legitima como un método para resolver los problemas de parejas infértiles. Este tribunal ordenó al Gobierno y al Congreso de la República reglamentar la práctica.
"Falta regulación. Los abogados la llaman alegal porque no es ilegal, pero hay que reglamentarla para que se pueda hacer dentro de un marco”, explicó Jorge Ramírez, medico de la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana.
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La asociación agrega que actualmente una mujer por alquilar su vientre recibe una bonificación que puede estar entre los 30 y 40 millones de pesos, por los nueve meses de gestación.
"Los únicos que podemos adelantar estos tratamientos somos los especialistas en fertilidad”, dice el médico Jorge Ramírez.
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El Gobierno nacional ya radicó el proyecto con el que busca reglamentar este método y precisó las bases para respaldarlo:
- No puede ser una práctica comercial
- Un vientre puede ser subrogado solo dos veces
- Prohíbe el método para extranjeros
- Las partes no se pueden retractar
- Se puede interrumpir el embarazo antes de la semana 24
Margarita Useche Meneses, docente del área de Genética y Derecho de la Universidad Externado, explica que “esto tiene que hacerse más por temas altruistas que económicos. El carácter comercial de este tipo de prácticas solo reduce la dignidad de las mujeres colombianas”.
El contenido del proyecto de ley genera resistencia entre un sector de juristas, oenegés y la Iglesia católica.
“Ese feto humano no puede ser tratado como una cosa, no puede ser manipulado”, dice monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón.
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“Por ejemplo, en el tema de los acuerdos, es un acuerdo privado. ¿Qué seguimiento va a haber? Es de verdad un tema muy delicado”, pregunta por su parte Lorena Ríos, senadora de la bancada provida del Congreso.
Desde que la Corte Constitucional ordenó al Gobierno y al Congreso regular esta práctica, al menos 16 proyectos que pretendían hacerlo han terminado archivados.
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