Son dos las propuestas que llegarán al debate definitivo en el Congreso de Colombia sobre la ley que busca que la educación sea un derecho fundamental.
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Por un lado está una ponencia de 158 páginas radicada por la bancada de gobierno y, por el otro, se encuentra un documento de 70 páginas presentado por los partidos de oposición.
La decisión de radicar por separado las propuestas llegó después de que se rompiera el acuerdo entre ambas partes.
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¿Dónde quedaron los acuerdos a los que se llegó con la oposición? ¿Dónde quedó esa enmienda que se había alcanzado sobre la ley estatutaria de educación? Óscar Sánchez, viceministro de Educación Básica y Media, aseguró que “el acuerdo importante es el que sale de la plenaria de la Cámara de Representantes”.
La propuesta del Gobierno nacional llegará a último debate con varios de sus pilares en firme: garantizar el derecho a la educación en todos los niveles educativos y la financiación permanente de instituciones educativas públicas.
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“Incluye la educación inicial desde los cero años hasta la educación primaria, secundaria, la educación media, y la educación superior”, precisó el funcionario.
Mientras que en la ponencia alternativa plantean que los recursos sean distribuidos en todas los sectores.
“Dejando por fuera que prácticamente el 50% del sistema que tiene Colombia viene el sector privado”, indicó Paloma Valencia, senadora de la República.
Para la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), la ley debe priorizar la financiación en todos los campos educativos y, sobre todo, definir cómo se garantizarán los recursos económicos para que todos puedan estudiar.
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“Lo que nos preocupa es con qué garantizar un derecho”, manifestó Óscar Domínguez, director de Ascun.
¿Qué impacto fiscal prevé el Gobierno?
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“Tendríamos laposibilidad de garantizarles a todas las personas el derecho fundamental en el año 2037 … Los recursos actuales, gracias a la reforma tributaria que este Gobierno tramitó, permiten que hasta el año 2029 tengamos suficiente crecimiento”, explicó el viceministro Sánchez.
La evaluación docente fue otro de los grandes desacuerdos. El Gobierno dejó claro que será construida en grupo con el único fin de mejora, mientras que en la propuesta alternativa piden que se tengan en cuenta los resultados de las pruebas de Estado para evaluar las capacidades docentes.
“Es una evaluación que se hace desde la autoevaluación del profesor, desde la coevaluación con el grupo de personas que integran un colegio”, acotó Sánchez.
“Que sea indicativo de la capacidad que tiene el maestro para transmitir efectivamente a los estudiantes y que adquieran los conocimientos”, añadió Paloma Valencia.
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Este es uno de los motivos por los que Fecode se lanzó a paro nacional de maestros indefinido.
“Realmente garantice la transformación de las prácticas del aula, de las comunidades y que no se mire como un resultado de una prueba estandarizada”, expresó Martha Alfonso, vocera de Fecode.
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El Gobierno también se retractó sobre implementar la educación terciaria.
“Habilidades, competencias que les van a permitir tener la posibilidad de emplearse a futuro”, señaló Alfredo Deluque, senador de la República.
Puntos álgidos que ahora, por partida doble, esperan surtan un amplio debate el próximo martes.
“Podrían, en estos dos o tres días de conversación, contribuir a que mantengamos el espíritu del proyecto, no lo deformemos, pero (que) se haga una mayoría que lo apruebe”, recalcó Sánchez.
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La senadora Valencia espera “que el Congreso, sobre todo el Senado, respete el acuerdo que se había hecho” y puntualizó que, si esa ponencia no se va a votar, prefiere “que el proyecto se hunda”.
La suerte está echada y el Gobierno juega su última carta en un proyecto que es solo el inicio de la gran reforma educativa.
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